El Juzgado de Garantía de Los Ángeles dejó hoy -martes 2 de junio- sujetas a las medidas cautelares de arraigo nacional, firma mensual y la prohibición de comunicación a la abogada C.A.C.U. y secretaria P.A.J.G., imputadas por el Ministerio Público como autoras de los delitos consumados de asociación delictiva y acceso indebido a información. Ilícitos cometidos entre 2017 y marzo 2024.

En la audiencia de formalización (causa rol 924-2024), la magistrada Claudia Aguilera González acogió las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía por considerarlas adecuadas y proporcionales a los fines del procedimiento y el éxito de la investigación. Además, mantuvo el plazo de tres meses fijado en primera audiencia de formalización realizada en marzo pasado.

En la causa, también se formalizó investigación por el delito consumado de tráfico de armas, en contra de Moisés Alejandro Bastardo Bastardo, para quien el Ministerio Público solo solicitó la medida cautelar de prohibición de comunicarse con los coimputados, al encontrarse cumpliendo condena en causa diversa.

Según el ente persecutor, a lo menos desde 2017 y hasta a marzo de 2025, las imputadas C.A.C.U. y P.A.J.G., abogada y secretaria del estudio jurídico Cortés&Romero de Los Ángeles, ayudaron a las socias Susana Cortés Karmy y Andrea Romero Jara, en la concreción de acciones delictivas junto con el apoyo a sus cónyuges, el exfiscal del Ministerio Público de Los Ángeles Rodrigo Durán Fuica, y el exdefensor penal jefe de la Defensoría Penal Pública de Los Ángeles Patricio Iván Gutiérrez Marinado.

Durante dicho periodo, además, Romero Jara y Cortés Karmy se organizaron para cooptar a miembros del Poder Judicial, como el funcionario Nelson Sáez Reyes encargado de actas del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, a cambio de beneficios económicos y dádivas, para manipular la agenda de audiencias programadas para que las causas de interés de las imputadas las dirigiera la magistrada Cherie Palomera Astroza, que pese a mantener amistad con las abogadas, no se inhabilitó y resolvió en su favor.

Asimismo, las principales imputadas, Romero Jara y Cortés Karmy, utilizaron las claves de sus cónyuges para acceder y revisar antecedentes reservados de las carpetas de la Fiscalía Local y Defensoría Penal Pública, lo que les permitió realizar diversas maniobras para favorecer el actuar delictivo de clientes y tomar parte directa en tráfico de armas y drogas.

En dicho contexto, además, entre abril y septiembre de 2021, con la información proporcionada por Cortés Karmy y Romero Jara, las imputadas C.A.C.U. y P.A.J.G. ingresaron a los sistemas internos del Ministerio Público y de la Defensoría Penal Pública para revisar información sobre representados por el estudio jurídico o consultar la nómina de detenidos con el objetivo de captar nuevos clientes.

Asimismo, durante 2022, en conocimiento que su representado, actualmente condenado a presidio perpetuo, Bastardo Bastardo enviaría armas a un tercero, realizaron gestiones ante fiscales del Ministerio Público para denunciar al receptor, quien fue detenido y condenado, sin lograr la minorante de colaboración sustancial que pretendía que se reconociera a Bastardo Bastardo.