El Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a Óscar Andrés Rojas Hernández a la pena de cumplimiento efectivo de 15 años de presidio, más las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, en calidad de autor del delito consumado de tráfico de drogas. Ilícito perpetrado entre 2028 y 2021, en la comuna de La Pintana.

En fallo unánime (causa rol 213-2024), el tribunal –integrado por los magistrados Paula de la Barra van Treek (presidenta), Renato Pinilla Garrido y Pamela Silva Gaete (redactora)– condenó, además, a Rojas Hernández a purgar 7 años de reclusión, con accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autor del delito de lavado de activos.

En la causa, el tribunal condenó al acusado Jonathan Mauricio Rubio Navia a la pena de 10 años y un día de presidio efectivo y accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como coautor del delito de tráfico ilícito de drogas.

Asimismo, se decretó la absolución por falta de acreditación, de Rojas Hernández y Rubio Navia de la acusación que les formuló el Ministerio Público como autores del delito de asociación ilícita para el tráfico de drogas; y del acusado Miguel Ángel Santis Arcos, sindicado como coautor del delito de lavado de activos.

Finalmente, el tribunal decretó el comiso de todas las especies y valores incautados en el procedimiento policial.

El tribunal dio por establecido, más allá de toda duda razonable, que “(…) conforme a las diligencias de investigación desarrolladas por la Brigada Antinarcóticos Metropolitana de la Policía de Investigaciones iniciadas alrededor de los últimos meses del año 2017 y principios del 2018, las que se extendieron hasta octubre del 2021 y cuyo objetivo era verificar la existencia de actividades relacionadas con el tráfico de drogas en las poblaciones Pablo de Rocka, El Castillo y Santo Tomás, todas de la comuna de La Pintana y, en las que Óscar Andrés Rojas Hernández aparecía como el principal responsable y blanco del trabajo policial, se estableció que el mencionado era la persona que abastecía de sustancias ilícitas a vecinos de su entorno más cercano los que comercializaban tales sustancias en los sectores habitacionales antes aludidos, tarea en la que Rojas Hernández era asistido no solo por su grupo familiar compuesto por su mujer, su hija, yerno y sobrinos, sino también por terceros de su confianza, entre ellos, Jonathan Mauricio Rubio Navia y cuyo centro de operaciones se ubicaba en la intersección de Julio Barrenechea con pasaje Sofía Larraín de la población Pablo de Rokha, lugar al que ellos denominaban ‘La Pega’.
Con el mérito de la información recabada de las escuchas telefónicas de Rojas, su grupo familiar y su operador Rubio Navia, a las que se suman los seguimientos y vigilancias, el 27 de agosto del 2021, en horas de la tarde y, debidamente autorizados por el tribunal competente, los oficiales policiales dieron cumplimiento a la orden de entrada y registro del inmueble ubicado en pasaje Sofía Larraín N°13037 de la población Pablo de Rokha, en donde se incautaron 3 kilos 50 gramos bruto de pasta base de cocaína y 18 gramos de cannabis sativa, lugar en el que se detuvo a Leandro Benavides Salazar [***condenado previamente en procedimiento abreviado], uno de los vecinos que recibía remesas de droga por parte de Rojas Hernández.
En esta misma dinámica y, como consecuencia de las diligencias que siguieron al procedimiento antes descrito y que permitieron identificar a las personas que por su cuenta y riesgo comercializaban la droga que les proporcionaba Rojas Hernández y sus domicilios, fue que el 8 de octubre del 2021 y, debidamente autorizados por el competente tribunal, se materializó la entrada y registro a diversos inmuebles vinculados con el ilícito que se venía investigando, operativo policial que arrojó los siguientes resultados.
1.- Las Velas 1237, comuna de Padre Hurtado, en donde se incautaron las siguientes evidencias: $29.300.000 en dinero efectivo; un station wagon Mercedes Benz, modelo Gle 350 Coupe Sport, color Blanco, año 2016, patente HSLT-96; un station wagon Peugeot, modelo 3008, color rojo, año 2021, patente PHRX-16; un camión marca Hino, modelo 02XZU 917, color blanco, año 2021, patente PBFF-31; furgón Peugeot, modelo Partner, blanco, año 2017, patente JPKV-21; documentación de las empresas ‘Ingeniería en Obras Civiles IP SPA’, Rut 76.703.034-7 y ‘A y A Consultores Asociados Ltda.’, Rut 76.291.367-4.
En dicha oportunidad y en el inmueble antes singularizado se detuvo a Óscar Rojas Hernández, Angélica Riffo Sandoval y Caroline Rojas Riffo [***condenadas previamente en procedimiento abreviado];
2.- Marga Marga 0921, población Pablo de Rokha, La Pintana, en donde Evelyn Vásquez Pérez [***condenada previamente en procedimiento abreviado] mantenía sin la autorización competente ocho gramos brutos de clorhidrato de cocaína, ocho gramos de cannabis y $1.735.000 en efectivo, cuya detención se verificó en ese mismo instante;
3.- Punta Santa Ana 13.566, población El Castillo, La Pintana, en cuyo interior se detuvo a Luz Quiñones Norambuena [***condenado previamente en procedimiento abreviado], por cuanto guardaba y mantenía 3 kilos 262 gramos bruto de clorhidrato de cocaína y 414 gramos bruto de cocaína base;
4.- Comunidad Las Brisas, casa 5, comuna de El Tabo y Litrancura 1058, comuna de La Florida, en donde Nancy Huenchún Alarcón [***condenada previamente en procedimiento abreviado] mantenía 100 gramos de cocaína base; 297 gramos de cocaína clorhidrato; $1.760.000; 259 gramos de cannabis sativa y 13 trece plantas de la misma sustancia vegetal, siendo detenida por los efectivos policiales.
Por otra parte, las diligencias desarrolladas por la policía civil permitieron conocer que producto del tráfico ilícito de drogas durante todo el periodo que se extendió la investigación, Óscar Rojas Hernández obtuvo ganancias ilícitas que ocultó y disimuló mediante créditos e inversiones en el sistema financiero y la adquisición de bienes muebles, principalmente vehículos motorizados, transacciones que conforme a la información recabada de fuentes oficiales por los miembros del equipo encargado de las pesquisas, revelaron que era imposible que Rojas Hernández tuviera la capacidad económica suficiente para financiar dichos negocios, más aún cuando se reveló en sus conversaciones telefónicas que, en este contexto, contrató los servicios de personas conocidas en el ambiente delictual que le proveyeron a él y a sus cercanos de una serie de documentos ideológicamente falsos, tales como, contratos de trabajo, liquidaciones de sueldo y pagos de cotizaciones previsionales que le permitió presentarse como una persona inserta de manera formal en el mercado laboral cuya remuneración le abrió las puertas del sistema financiero formal y el acceso a distintas alternativas de financiamiento, como asimismo, invertir sus ganancias ilícitas en instrumentos de inversión, todo ello con el fin de disimular su origen espurio.
En esta dinámica y con el fin de ocultar el origen ilícito de los recursos con que fue aumentando su patrimonio, recurrió a personas de su círculo más cercano para que le sirvieran como testaferros a cuyo nombre inscribió o registró los bienes adquiridos con el dinero obtenido en el comercio de la droga y de esta forma evitar ser objeto de fiscalización o control por parte de los organismos respectivos”.