La Comisión de Libertad Condicional de la jurisdicción La Serena analizó, durante cinco jornadas, un total de 420 solicitudes presentadas por el tribunal de conducta de Gendarmería de la región de Coquimbo, correspondiente a internos de los centros penitenciarios de La Serena, Illapel y Ovalle.

La presidenta de la Corte de Apelaciones de La Serena, Gloria Negroni, en su calidad de presidenta de la comisión, informó que en esta oportunidad fueron concedidas 15 solicitudes, es decir, un 3,5%, mientras que se rechazaron 405 peticiones (96.5%).

Las solicitudes acogidas corresponden a 13 del centro penitenciario de La Serena, 1 a Ovalle y 1 a Illapel. Del total, 11 corresponden a hombres y 4 a mujeres.

La ministra destacó que se analizaron exhaustivamente todas las carpetas, verificando que cumplieran con las exigencias establecidas en la ley, entre los que se encuentran haber cumplido la mitad de la que se le impuso por sentencia definitiva, tener conducta intachable, haber aprendido un oficio si hay talleres donde cumple la condena o mantener una actividad laboral, y/o haber asistido con regularidad y provecho a la escuela del establecimiento.

“Es importante destacar que para que se otorgue el beneficio de la libertad condicional, los condenados deben cumplir con varios requisitos y, además de ello, deben cumplir con conciencia la gravedad del delito respecto del mal causado y mostrar rechazo explícito a la comisión de nuevos delitos. Todo ello asociado a las características de personalidad que permite, entonces, a la Comisión decidir con convicción suficiente respecto de si es posible otorgar o no el beneficio en el caso determinado”, indicó Negroni.

Además, desde el 2024 se introdujeron modificaciones al decreto ley 321 que regula la materia y contempla que la defensa de los postulantes acompañe antecedentes, así como también la posibilidad que las víctimas puedan dirigirse a la comisión y plantear sus inquietudes respecto a la concesión del beneficio a determinados postulantes. En esta ocasión se presentaron 19 oposiciones correspondiente a víctimas o sus representantes y 20 alegatos de defensores, 13 de ellos de la Defensoría Penal Pública y 7 particulares.

En el caso de los internos a quienes se les concede el beneficio de la libertad condicional, la ministra señaló que se les notifica la resolución y se dispone su libertad, momento desde el cual comienzan a cumplir con el plan de intervención elaborado por Gendarmería de Chile y con los requisitos que el Decreto Ley 321 establece.

La comisión estuvo integrada por las juezas orales Victoria Gallardo, Loreto Figueroa, Zoila Terán; el juez de Garantía Darío Díaz, y la secretaria (s) del tribunal de alzada, Viviana Carvajal, que actúa como ministra de fe.

De acuerdo con lo establecido por ley, la comisión debe sesionar dos veces en el año, en abril y octubre. El año pasado, fueron revisadas el primer semestre 439 solicitudes siendo concedidas 20 (4,5%), mientras que en octubre hubo 419 solicitudes, otorgándose 20 (4,7%).