El Juzgado de Garantía de Lautaro dejó hoy –viernes 17 de abril– sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva al funcionario de Gendarmería J.F.P.H., imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos reiterados de cohecho agravado, lavado de activos, tráfico de pequeñas cantidades de droga e ingreso de aparatos telefónicos a recintos penitenciarios. Ilícitos cometidos en 2024 y 2025 en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Victoria. 

En la audiencia de formalización (causa rol 939-2024), el magistrado Eduardo Pérez Yáñez ordenó el ingreso de J.F.P.H. al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Puerto Montt, al considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en seis meses el plazo de investigación.

 En tanto, su pareja, J.S.O.O., imputada por el delito consumado de lavado de activos, quedó con arresto domiciliario total.

El tribunal accedió, además, a la solicitud del Ministerio Público de decretar medidas cautelares reales, por lo que ordenó la prohibición de celebrar actos y contratos respecto de dos vehículos incautados, la retención de fondos de las cuentas bancarias de los imputados y la autorización para revisar, extraer datos y analizar sus teléfonos celulares y dispositivos digitales (tablet). 

Según el ente persecutor, personal de Gendarmería logró detectar que en 2024 y 2025, el imputado J.F.P.H., aprovechó su calidad de cabo primero de Gendarmería y durante los turnos que realizaba en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Victoria, desarrolló un esquema ilícito para ingresar drogas y aparatos tecnológicos que vendía a privados de libertad por sumas de entre $250.000 y $500.000 por teléfono; en tanto, la droga (pasta base, cocaína, marihuana y clonazepam) las vendió por valores de entre $70.000 y $200.000.

El imputado realizaba las entregas en rondas nocturnas, en las cuales advertía de su presencia a los reclusos mediante señales con una linterna y haciendo sonar llaves. Actuar que fue registrado por las cámaras de seguridad el 28 de noviembre de 2024 y el 13 de marzo de 2025. Para evadir los controles, el imputado ideó un sistema de ocultamiento, en complicidad con internos que se desempeñan como mozos. De esta forma dejó cajetillas de cigarrillos con droga, pegadas bajo las mesas del casino de los funcionarios y en un mueble ubicado en una escalera del segundo piso, lugar donde no hay cámaras y desde donde eran retiradas por los mozos

Para ocultar el origen ilícito de las ganancias obtenidas, el imputado se preocupó de que los pagos no se hicieran a su nombre, si no que por transferencias a la cuenta bancaria de su pareja, J.S.O.O. La coimputada, conociendo el origen ilícito de los fondos, facilitó su cuenta bancaria y recibió transferencias de internos y sus parejas, registrando un total que supera los ocho millones de pesos en 31 transacciones. Además, J.S.O.O. acopiaba los teléfonos en el domicilio de una hermana, los que luego ingresaba a la unidad penal el imputado J.F.P.H.