El Juzgado de Garantía de Pozo Almonte dejó hoy –jueves 16 de abril– sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva a Justiniano Canchi Gutiérrez y Carlos Armando Lira Colque, imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos de contrabando y daños calificados. Ilícitos perpetrados el domingo recién pasado, en la comuna fronteriza de Colchane.

En la audiencia de formalización (causa rol 513-2026), el magistrado Luis Rodríguez Yala ordenó el ingreso en prisión de Canchi Gutiérrez y Lira Colque por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 100 días el plazo de investigación.

Según el ente persecutor, el 12 de abril de 2026, los imputados, actuando de manera concertada y en coordinación con terceros de nacionalidad boliviana, procedieron a trasladar una retroexcavadora por pasos no habilitados de la comuna fronteriza de Colchane, con la finalidad de eludir los controles aduaneros e ingresar la máquina ilegalmente a territorio boliviano.

Para lograr la evasión, Canchi Gutiérrez y Lira Colque mantuvieron comunicación con terceros, quienes les entregaban instrucciones logísticas sobre la ubicación del personal policial y les brindaron, además, apoyo material para concretar el traslado clandestino de la retroexcavadora.  Asimismo, y con el objetivo de facilitar la comisión del delito de contrabando, los imputados procedieron a rellenar la zanja abierta por personal del Ejército, destinadas a impedir el tránsito de migrantes por pasos no habilitados del sector denominado Pampa Tordo de Colchane. Relleno en el que utilizaron la retroexcavadora para habilitar el paso clandestino de vehículos. En dicho contexto, fueron sorprendidos por personal de Carabineros, quienes procedieron a su detención, pese a que intentaron darse a la fuga.

El valor aduanero de la retroexcavadora, objeto del contrabando, asciende a US$14.948, equivalente a más de trece millones de pesos; con un perjuicio fiscal superior a cuatro millones de pesos. En tanto, la intervención de la zanja provocó un perjuicio fiscal calculado en alrededor de seis millones de pesos.