En el marco de la ceremonia organizada por la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, con motivo de la entrada en vigencia hoy -jueves 2 de abril- de la Ley 21.772 que moderniza el sistema notarial y registral chileno, tanto en sus aspectos orgánicos como funcionales, el fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt Danilo Báez, expuso los principales alcances de la reforma.

La actividad fue encabezada por la presidenta Gloria Ana Chevesich y el fiscal judicial Jorge Pizarro, con la asistencia de ministros de la Corte Suprema y la participación telemática de los presidentes de las cortes de apelaciones del país, entre ellos, el presidente de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Moisés Montiel.

“Esta ley establece un verdadero cambio de paradigma en el modelo institucional de la Fiscalía Judicial, porque a las clásicas funciones de supervigilancia disciplinaria, se agregan las funciones relativas a la publicidad de las fiscalizaciones de los oficios notariales, registrales y de archiveros y funciones respecto al control de la satisfacción de los usuarios del sistema”, explicó el fiscal Báez tras su intervención.

Con respecto a la nueva forma de ejecutar las inspecciones y la fiscalización a notarias y conservadores de Bienes Raíces y archiveros judiciales, indicó que se traducirá en el traslado del Fiscal Judicial y del respectivo asistente a todos los oficios en forma presencial, “lo que permitirá el establecimiento de canales de comunicación directa entre los usuarios y el fiscal judicial, para la recepción de denuncias y reclamos que puedan existir, de manera de efectuar un control directo de los respectivos oficios”.

“Asimismo -continuó-, se establece la obligación de efectuar encuesta de opinión, incorporándose como actor paralelo el Servicio Nacional del Consumidor, que supervigilará el cumplimiento de la escala de aranceles, que será fijada por un procedimiento técnico liderado por el Ministerio de Justicia, unido a temáticas relativa a la protección de los derechos del consumidor”.

En cuanto a los desafíos que representa para la Fiscalía Judicial este nuevo modelo, señaló que “tienen que ver que con la creación de herramientas de control eficiente de los oficios notariales, que permitan cumplir el espíritu de la ley relativos al otorgamiento a los usuarios de un servicio oportuno y satisfactorio, acordes con los lineamientos que ha planteado desde hace unos años la Corte Suprema respecto a la necesidad de un servicio judicial por y para la ciudadanía, complementado con una coordinación con el órgano de fiscalización paralelo, el Servicio Nacional del Consumidor, para delimitar el ejercicio de las competencias y el traspaso de información relevante para el cumplimiento de los objetivos planteados por la nueva normativa”.

En la ocasión también abordaron distintos aspectos de la nueva normativa, las fiscales judiciales de las cortes de apelaciones de Santiago y Valparaíso, Macarena Troncoso y Nel Greeven, respectivamente.

Entre las obligaciones legales de la normativa se encuentra la creación de un portal web de la Fiscalía Judicial con información sobre notarías y conservadores, las fiscalías judiciales, informes de auditorías, un canal de denuncias y otras informaciones, disponible en el sitio: https://fiscaliajudicial.pjud.cl/