La reunión se desarrolló en dependencias del tribunal de alzada y tuvo como objetivo conocer las condiciones en que las personas privadas de libertad en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir cumplen penas en regímenes cerrados.

En la instancia, se relevó la creciente alza de la población penal del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Arenas donde actualmente hay 509 personas privadas de libertad, tanto en cumplimiento de condenas como en prisión preventiva, y que fue originalmente diseñado -según informe de Gendarmería- para albergar a 421 internos, lo que se traduce en una sobrepoblación penal del 20,9% en la cárcel de la capital regional de Magallanes.

Asimismo, Gendarmería dio cuenta de avances en infraestructura, principalmente en el mantenimiento de los sistemas de calefacción y de redes contra incendio en penales de la jurisdicción, y también se informó sobre “una eventual próxima carencia de personal en la zona, debido a que funcionarios de la entidad están acogiéndose a retiro y no se ha producido una renovación en las plazas acorde a las vacantes que se generarán”, indicó el fiscal judicial de la Corte de Punta Arenas, Pablo Miño Barrera.

La instancia fue integrada, además, por el seremi (s) de Justicia y DDHH, René Castro: Nicolás Cisternas y Priscila Vásquez de Defensoría Penal Pública, Karina Ulloa de la fiscalía regional del Ministerio Público: el director regional de Gendarmería, Rodrigo Campusano; Cristian Figueroa y Marlys Saldivia del INDH, entre otros.