Conocer la estructura, funciones, ventajas y desafíos que presenta el nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas a los distintos actores de la administración de justicia y a las personas usuarias, fue el objetivo del seminario organizado por la Corte Suprema en conjunto con el Colegio de Abogados.

La actividad reunió a autoridades de organismos públicos, académicos y de la sociedad civil, pues esta nueva institución rediseña el sistema de justicia en torno a un principio rector: el acceso a la justicia.

El seminario contó con las palabras de bienvenida del presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Mendoza, y la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, quienes destacaron la relevancia de abordar los alcances y transformaciones que impone la nueva institucionalidad.

“La sociedad demanda un Estado que pueda asegurar instancias para alegar y dar curso a sus necesidades jurídicas, resolver controversias y brindar paz social. En ese orden, nuestras instituciones deben estar a la altura de la magnitud de estos deberes” indicó la autoridad judicial.

Respecto del acceso a la justicia, la presidenta Chevesich señaló que más que una puerta al sistema jurisdiccional debe entenderse “como un puente que permita abordar la dimensión humana como jurídica del conflicto. Esto implica reconocer que la solución de las controversias puede requerir diversos enfoques, tales como mecanismos colaborativos o restaurativos, que en muchos casos resultan más idóneos que la respuesta estrictamente judicial”.

Posteriormente, en un panel moderado por el ministro de la Corte Suprema y encargado de asuntos de Derechos Humanos, Leopoldo Llanos, se ahondó en la importancia de garantizar el acceso a la justicia; los desafíos éticos y profesionales que ello implica para los abogados y las ventajas, implementación y retos del nuevo servicio y su modelo institucional.

Las exposiciones estuvieron a cargo del ministro de la Corte Suprema y encargado del subcomité de Acceso a la Justicia de Personas y Grupos Vulnerables, Gonzalo Ruz; del consejero del Colegio de Abogados e integrante de la comisión de Derechos Humanos, Rafael Ferrada y de la directora del Servicio de Acceso a la Justicia, Macarena Cortés.