El ministro en visita extraordinario para causas relativas a adopciones ilegales, Alejandro Aguilar, recibió en la tarde del jueves 12, a la subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Daniela Quintanilla y a la directora del Servicio Médico Legal, Marisol Prado.

El objetivo de la reunión fue escuchar la propuesta de coordinación que llevan la subsecretaria a propósito de la dictación de la ley 21.806, artículo 91que habilita legalmente al Ejecutivo para crear un banco de ADN  para casos de adopciones ilegales o forzadas.

La citada norma establece que: “el Servicio Médico Legal deberá crear, administrar y operar un Banco de Huellas Genéticas con fines de búsqueda de orígenes e identificación de familiares en casos de adopciones forzadas o irregulares. La toma de muestras genéticas, su incorporación al Banco y la realización de exámenes o peritajes con dichos fines sólo podrá efectuarse a requerimiento de la Subsecretaría de Derechos Humanos, y previa autorización voluntaria de la persona interesada o de sus familiares y de conformidad a los protocolos respectivos que se dicten al efecto.

 “El funcionamiento del Banco se regirá por un reglamento aprobado por resolución del Servicio Médico Legal, en conjunto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que resguarde la voluntariedad, confidencialidad, trazabilidad y seguridad en el tratamiento de los datos genéticos”.

A raíz de esto la subsecretaría de DD.HH. busca establecer los mecanismos de coordinación con el ámbito judicial para echar a andar la propuesta.

“La idea de la reunión era avanzar en al concreción de un desafío que tenemos pendientes como Estado, que es avanzar en la constitución de un banco de huellas genéticas para  buscar y reencontrar a familias que  fueron víctimas de procedimientos irregulares o forzadas de adopción, desde los años ‘50  hasta fechas recientes”, dijo la subsecretaria.

Señaló que a través de la norma la repartición “obtuvo una habilitación legal para, en el marco de la tutela judicial general que lleva adelante el Poder Judicial en estas materias, poder concertar formas de investigación administrativa respecto de personas que están buscando reencontrarse. Tuvimos una primera reunión para que la norma habilitante pueda traducirse en un flujo de trabajo y en una forma de coordinación concreta entre el Ejecutivo y el Poder Judicial en esta materia”, puntualizó Quintanilla.

Por su parte el ministro Aguilar señaló que la idea del encuentro era ver la implementación del mencionado artículo de la ley  “que señala que el SML deberá crear un banco de datos genéticos con el fin de buscar los orígenes e identificar los familiares de las personas que han sido adoptadas de forma  forzosa o irregular”.

Agregó que las autoridades  están interesadas en implementar de una forma operativa  cómo va a intervenir el Poder Judicial “en esta creación de Banco de Datos, en esa incorporación, porque se incorporará ADN y muestras biológicas,  que de alguna manera lo cubre la ley, pero falta la implementación práctica entre las instituciones para aterrizar este cuerpo legal”.

Agregó el ministro Aguilar que “mi desempeño como ministro en visita que investiga adopciones ilegales ha sido siempre en coordinación con distintas instituciones: Cancillería, SML, ministerio de Justicia, Registro Civil, inclusive hasta embajadas. Como Poder Judicial estamos siempre dispuestos a colaborar con todas aquellas personas que requieran  de alguna asistencia, inquietud o reclamen justicia ante nosotros, para poder llevar a cabo estas investigaciones . Por lo tanto estas situaciones de coordinación con instituciones públicas o privadas  son de suma importancia para el avance en la investigación.”

Luego de este encuentro con las autoridades, el ministro Aguilar se reunirá  con la presidenta de la  Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, para analizar las opciones concretas a través de las cuales que se podría llevar a cabo esta coordinación solicitada.