El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó condenó a John Harold Godoy Valencia a la pena única de 10 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor de dos delitos consumados de robo con intimidación. Ilícitos perpetrados en la ciudad, en abril y mayo del año recién pasado.

En fallo unánime (causa rol 184-2025), el tribunal –integrado por los jueces Marcelo Martínez Venegas (presidente), Mauricio Pizarro Díaz y Adrián Reyes Pardo (redactor)– aplicó, además, a Godoy Valencia las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que alrededor de las 14.40 horas del 29 de abril de 202, “(…) en las inmediaciones de la calle Gabriel Marco Ivanne, en la ciudad de Copiapó, el acusado JOHN HAROLD GODOY VALENCIA abordó a la víctima María Ñancumil Vera, extrayendo desde sus vestimentas un cuchillo, con el que intimidó a la víctima amenazándola con apuñalarla si esta no le entregaba su teléfono celular, tras lo cual el inculpado le arrebató de sus manos a la afectada el celular marca Samsung, color rojo, huyendo el enjuiciado con la especie en su poder”.

El segundo hecho establecido se registró el 1 de mayo de 2025, jornada en la que, alrededor de las 19 horas, “(…) en una plazoleta ubicada en el sector Colonias Extranjeras, en la comuna de Copiapó, el acusado JOHN HAROLD GODOY VALENCIA abordó a la víctima Carlos Ñancumil Ñancumil y extrajo desde sus vestimentas un cuchillo, con el cual intimidó al ofendido, amenazándolo con apuñalarlo si no le entregaba la bicicleta, por lo que la víctima accedió a dicha entrega ante el temor de ser agredido, logrando de este modo el enjuiciado sustraerle la bicicleta y huyó del lugar con la especie en su poder”.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.