En un hito que marca la tercera y última fase de implementación de la Ley 21.527, normativa que introduce mejoras sustantivas al sistema penal adolescente, el ministro de la Corte Suprema Manuel Antonio Valderrama y el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Fernando Carreño, participaron en la puesta en marcha de la nueva Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente en el Centro de Justicia de Santiago, que considera un equipo integrado por ochos jueces y veinte funcionarios con dedicación exclusiva.

“La importancia es que ahí van a haber ocho jueces para ver los temas de Responsabilidad Penal Adolescente, lo que es muy importante a nivel sociedad, a nivel de la preocupación por los jóvenes infractores, porque aquí va a haber una dedicación exclusiva respecto de los magistrados y magistradas en relación a la función que van a cumplir”, comentó el ministro Valderrama.

La Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente funcionará de manera exclusiva en el Centro de Justicia de Santiago, articulando audiencias, control de ejecución y coordinación interinstitucional, incorporando además herramientas de justicia restaurativa y terapéutica, reforzando así el carácter de reinserción del sistema.

En este sentido, el presidente de la Corte de Santiago recordó que "es la última oportunidad que un infractor adolescente, un infractor de ley, puede ser rescatado del sistema delincuencial. Entonces ahora que un grupo especializado de jueces se aboquen a su causa, yo creo que va a significar un avance, en el sentido que se van a ver más rápidos los procesos y, como les digo, yo pongo énfasis en la rehabilitación", aseveró el ministro Carreño.

La creación de una Unidad Especializada de Responsabilidad Penal Adolescente tiene por objetivo concentrar y fortalecer la gestión de las causas, promover una mayor especialización funcional y optimizar el uso de los recursos disponibles, atendiendo al volumen y complejidad de la demanda jurisdiccional.

"En principio la ley 21.527, que es la que modifica la ley 20.084 que establece el sistema penal adolescente de responsabilidad penal, tiende, si bien en un principio siempre se tendió a la especialización, con la introducción de la ley 21.527 la recalca más aun porque no solo el juez tiene que estar especializado sino también el fiscal y el defensor", complementó la magistrada Marcia Figueroa, jueza presidenta de la Unidad Especializada de Responsabilidad Penal Adolescente de Santiago.

Implementación a nivel nacional

Esta etapa final contempla la puesta en régimen del nuevo modelo en las jurisdicciones restantes del país, abarcando tribunales con competencia en materia penal adolescente de diversas regiones, entre ellas, Metropolitana, O’Higgins, y Valparaíso, completando así el proceso de implementación progresiva definido por la ley.

En el marco de esta fase, se han ejecutado acciones orientadas a la revisión de cargas de trabajo, la optimización de procesos internos y el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, conforme a los lineamientos institucionales.

Con la ejecución de esta tercera fase, el Poder Judicial concluye el proceso de implementación de la Ley 21.527, consolidando un modelo de justicia penal adolescente más especializado, eficiente y acorde a los estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

La Corporación Administrativa del Poder Judicial continuará monitoreando el funcionamiento del sistema, evaluando su impacto y adoptando las medidas necesarias para asegurar su correcta y oportuna aplicación a nivel nacional.