El 8° Juzgado de Garantía de Santiago dejó hoy –miércoles 24 de diciembre– sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva de Roger Sebastián Llapo, Edgar Camelo León, Krissy Mora Duarte, Einer Ramírez Florez, Manuel Tejera Altamar, Jorge Galvis Machado y Mayra de la Fuente Aguilar, imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos consumados y reiterados de emisión de licencias médicas falsas, fraude de subvenciones y asociación delictiva. Ilícitos perpetrados desde 2022 y hasta octubre pasado, en territorio jurisdiccional del tribunal.

En la audiencia de formalización (causa rol 10.072-2025), el magistrado Juan Carlos Valdés Peñailillo ordenó el ingreso en prisión de los imputados por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, para el éxito de la investigación, reiteración y fuga. Además, fijó en 120 días el plazo de investigación. 

La resolver la necesidad de cautela, el juez Valdés Peñailillo sostuvo que: “Se tendrá en consideración el número de delitos por los cuales han sido formalizados y gravedad de estos. Los imputados, particularmente los que detentan la profesión de médicos, habrían emitido licencias sin respaldos clínicos, generando ingentes perjuicios económicos directos al fisco de Chile, principalmente al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), que es uno de los organismos que financian los subsidios por incapacidad laboral”.

“Se tiene en consideración, en cuanto a la gravedad de los delitos, el modus operandi cual era la utilización de centros médicos de fachada, que refuerzan la existencia de una organización destinada a la defraudación de manera masiva y continua en el tiempo (…) se considerará el volumen y flujo de los delitos atendido el periodo entre los cuales se cometen, años 2022 y 2025, lo cual justifica la aplicación de la norma de aumento en la gradualidad de las sanciones conforme lo establecido en el artículo 351 del Código Procesal Penal”, añade.

Prisión preventiva que, además, se dicta al considerar: “El carácter de los delitos, como asimismo la mayor extensión del mal causado, lo cual se advierte con la emisión masiva de licencias médicas ideológicamente falsas, afectando el erario fiscal, comprometiendo gravemente la sostenibilidad del sistema de salud, generando un impacto social grave”.

Asimismo, para el tribunal, en la especie existe un evidente “peligro de fuga que representa la libertad de los imputados; existe un concreto riesgo que abandonen el país aprovechando las redes, conexiones que tienen con sus diversos países de origen y recursos económicos que manejan. Como también de la posibilidad de destruir la evidencia, la capacidad de alterar evidencia, coordinaciones que puedan mantener los imputados en el medio libre para conciliar sus versiones y dificultar el éxito de la investigación”.

Según el ente persecutor, al menos desde 2022 y hasta octubre de 2025, los imputados operativizaron organizaciones delictivas destinadas a cometer delitos reiterados de emisión y venta fraudulenta de licencias médicas ideológicamente falsas; negocio delictivo que realizaban a través de distintas sociedades médicas creadas para tal propósito, mediante las cuales captaban y contrataban a médicos extranjeros para la emisión masiva y venta ilícita de licencias médicas.

Los facultativos, que al igual que los líderes de la organización, otorgaban dichas licencias médicas en conocimiento que no obedecían a una atención médica real, consignando en ellas diagnósticos que no les podía constar y en consecuencia un reposo injustificado.