Abordando la evolución y los desafíos de la Reforma Procesal Penal, la Corte de Apelaciones de La Serena conmemoró los 25 años de su implementación en la región de Coquimbo, que inició -junto a la Araucanía- su puesta en marcha como piloto el 16 de diciembre del 2000.

En conjunto con la fiscalía y defensoría regional, y el patrocinio de la Asociación Regional de Magistrados, el tribunal de alzada organizó un conversatorio cuyo invitado principal fue el abogado y académico Julián López, quien dio a conocer su experiencia en el sistema; en conjunto con el juez Claudio Weishaupt, el fiscal Freddy Salinas y el defensor Román Zelaya, partícipes de la reforma desde sus inicios.

“Los retos principales que enfrenta hoy día el sistema de administración de justicia penal tienen que ver con la masificación, la enorme cantidad de causas que todos los años ingresan y tienen que ser procesadas por el sistema; también con la forma de enfrentar  los nuevos fenómenos de criminalidad como las organizaciones criminales, que de alguna manera ponen en cuestión, desde el punto de vista de nuestra cultura jurídica, hasta dónde debemos llegar en el respeto a las garantías individuales; y, sobre todo, tiene que ver con la reafirmación de los principios de la reforma, para no caer en una tentación de que frente a la sensación de inseguridad o frente a los desafíos que plantea las nuevas formas de criminalidad, creamos que la respuesta está en dejar de lado los principios que la inspiraron”, planteó Julián López.

La actividad estuvo moderada por la presidenta del tribunal de alzada, Marcela Sandoval Durán, quien agradeció la activa participación en el conversatorio de jueces, defensores, fiscales, abogados y representantes de instituciones relacionadas al sistema penal, y también dio a conocer, según su criterio, los desafíos que enfrenta la justicia penal. 

“En primer término, resolver la masificación en el ingreso de causas, también realizar un análisis respecto de la autonomía de la Defensoría Penal Pública; el reforzamiento del Ministerio Público y, en general, reforzar la dotación de jueces y juezas de garantía y de tribunales oral en lo penal. Asimismo, una deuda pendiente es la creación de los tribunales de ejecución penal, que fue una materia olvidada luego de la publicación del Código Procesal”, indicó la ministra.

El conversatorio, fue positivamente evaluado por sus asistentes, quienes destacaron la oportunidad de interactuar y de compartir las percepciones, datos e información que permiten la aplicación de criterios, evaluar la intervención de cada actor y de qué manera cada uno contribuye al mejor funcionamiento del sistema de administración de justicia penal, que -a diferencia del sistema de enjuiciamiento criminal o antigua justicia- se basa en los principios de oralidad, transparencia, inmediatez y publicidad.

En ese sentido, la ministra Sandoval calificó como positiva la implementación de la reforma, que marcó un precedente en la historia de la justicia penal en Chile. “Quien vivió el sistema antiguo, el sistema inquisitivo de un código del año 1.900, sabe que la diferencia es sustancial. La rapidez, el acceso a la justicia, la transparencia en los procesos penales y la oralidad, sin duda alguna son baluartes que el antiguo sistema no tenía y, particularmente, transformar un sistema acusatorio a uno adversarial donde la división y la ejecución de funciones en el sistema de investigación y juzgamiento fue fundamental,  y por supuesto, la garantía de esto es que cumplimos como Estado con los tratados internacionales que aseguraban el debido proceso a partir de la división y la ejecución de esas funciones”, concluyó.