En una iniciativa impulsada por el Juzgado de Letras y Garantía de Caldera, y respaldada por el Comité de Innovación de la Corte de Apelaciones de Copiapó, el tribunal comenzó a implementar un nuevo instrumento orientado a garantizar el derecho a recibir información de niños, niñas y adolescentes en causas de protección.

Se trata de la entrega de una carta informativa dirigida a los niños que no asisten a la audiencia en la que se adopta una medida de protección, con el propósito de explicar de manera clara y directa las decisiones que les afectan, una iniciativa denominada "Justicia que se entiende".

El juez presidente del tribunal, Rodrigo Barraza, explicó que la idea surgió a partir de un diagnóstico realizado en 2022, cuando se constató una baja asistencia de niños y adolescentes a las audiencias reservadas, instancias fundamentales para el ejercicio del derecho a ser oído. “La iniciativa de la carta informativa surge como una idea a propósito de una situación que pesquisamos […] que dice relación con la baja asistencia de los niños a audiencias reservadas”, señaló, destacando que la medida busca acercar la justicia a quienes son “los sujetos de derecho principales en una causa de protección”.

El desarrollo del instrumento consideró un trabajo colaborativo entre magistrados, consejeras técnicas y la Unidad de Familia. El magistrado Barraza enfatizó que el desafío principal fue elaborar una comunicación comprensible y definir un mecanismo adecuado para su entrega. “Nuestra preocupación se generó en la forma de confeccionar esta carta y también en la forma para concretar la entrega […] de manera que surtiera la mayor cantidad de efectos”, precisó.

Por su parte, la consejera técnica Carolina Sepúlveda destacó que la iniciativa se encuentra en una fase inicial y su diseño continuará perfeccionándose. Subrayó que la carta contribuye tanto al derecho a la información como al fortalecimiento del derecho a ser oído, en concordancia con la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Ley 21.430.

La misiva se individualiza para cada niño, niña o adolescente e incluye información sobre la medida adoptada, el ingreso a programas especializados y los plazos de intervención.

Sepúlveda agregó que el instrumento se entrega al adulto responsable, al profesional del programa especializado o al curador ad litem, en los casos en que el niño no asista presencialmente a la audiencia. “Lo más importante es informar y hacer presente a todos los niños, niñas y adolescentes que pueden acudir al tribunal cuando lo necesiten; que somos un tribunal de puertas abiertas”, enfatizó, señalando que el objetivo final es promover una mayor participación de los niños en sus propios procesos.