En una ceremonia realizada en el Tercer Juzgado de Policía Local de Maipú, la Corte Suprema distinguió a diversas unidades judiciales con el Sello de Acceso a la Justicia de Personas Mayores, reconocimiento que acredita la implementación efectiva de la Guía Práctica de Aplicación del Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas Mayores.

La actividad, desarrollada el 4 de diciembre, fue encabezada por la ministra de la Corte Suprema Jessica González, encargada del Subcomité de Acceso a la Justicia de Personas y Grupos Vulnerables, instancia responsable de coordinar y supervisar la ejecución de políticas y lineamientos orientados a fortalecer el acceso a la justicia de grupos que enfrentan condiciones de especial vulnerabilidad.

La Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos (DAIDH), que actuó como secretaría técnica del proceso, acompañó el diseño, la metodología y la evaluación del trabajo realizado durante los últimos meses.

La ceremonia contó con la presencia del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic; la ministra de la Corte Suprema, Jessica González; la directora nacional del SENAMA, Claudia Asmad; representantes de los tribunales distinguidos; concejales de la comuna; e integrantes del Consejo Consultivo del Adulto Mayor, quienes valoraron los avances institucionales alcanzados y su impacto directo en la experiencia de las personas usuarias.

La ceremonia constituyó el cierre de un proceso de seis meses en el que las unidades judiciales participantes desarrollaron acciones destinadas a incorporar, de manera estable y sostenible, un enfoque de derechos en la atención de personas mayores.

La ministra Jessica González, afirmó, que este proceso constituye una prueba de que las políticas judiciales pueden traducirse en transformaciones concretas: “Esperamos que durante los próximos años su trabajo pueda ser replicado en otras unidades judiciales y que, entre todos y todas, podamos continuar ejecutando acciones que permitan potenciar el acceso igualitario a la justicia de las personas mayores, de manera de que puedan ejercer efectivamente y sin discriminación de la edad sus derechos”.

Las unidades judiciales distinguidas fueron: la Corte de Apelaciones de Santiago, el Primer y el Vigésimo Noveno Juzgado Civil de Santiago, el Juzgado de Letras de Rengo, la Secretaría de la Corte Suprema y el Tercer Juzgado de Policía Local de Maipú.

Todas estas instituciones concretaron mejoras orientadas a eliminar barreras de acceso y a promover una atención más inclusiva, entre ellas la habilitación de espacios preferentes, la implementación de señalética accesible, la adaptación del mobiliario, análisis de la perspectiva de derechos humanos en fallos judiciales, la designación de personal de apoyo, la elaboración de material informativo claro y el fortalecimiento de competencias institucionales mediante procesos de capacitación y sensibilización vinculados a la temática.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, subrayó el significado institucional del trabajo desarrollado, destacando que "Ejerciendo la labor pública con nobleza, compromiso, rigurosidad y capacidad de innovación, con empatía con las personas que requieren de él, y este sello, nos parece que va en esa dirección”.

Claudia Asmad, directora nacional de SENAMA, destacó la pertinencia de este enfoque, enfatizando que estas iniciativas contribuyen a consolidar una visión basada en la autonomía, la dignidad y la igualdad, en coherencia con los principios que orientan las políticas públicas dirigidas a las personas mayores en el país.

La jueza del Tercer Juzgado de Policía Local de Maipú, tribunal anfitrión de la actividad, valoró el reconocimiento otorgado, señalando que “este sello será un recordatorio permanente de que la dignidad no tiene edad y de que la justicia es un derecho al que todas y todos deben acceder sin excepción”.

La entrega del sello, en este contexto, no solo reconoce el trabajo ya concretado, sino que simboliza un compromiso institucional permanente con la eliminación de prácticas discriminatorias y la construcción de espacios judiciales accesibles, inclusivos y respetuosos de los derechos de todas las personas mayores del país.