En el marco del compromiso del Poder Judicial con la promoción de un sistema de justicia inclusivo, el Primer Juzgado de Letras de Rengo fue designado este año como tribunal piloto para la implementación de la “Guía práctica de aplicación en tribunales del Protocolo de acceso a la justicia de personas mayores”, instrumento elaborado conforme a los estándares internacionales en derechos humanos de las personas mayores.
La puesta en marcha de esta iniciativa se llevó a cabo mediante un plan de trabajo estructurado, que contempló: la elaboración de protocolos de atención especializada; la adecuación de espacios físicos con zonas preferentes; la implementación de señalética y material informativo adaptado a las necesidades sensoriales y cognitivas del público mayor; la incorporación obligatoria del glosario judicial y del lenguaje claro en resoluciones y sentencias; y la producción de fallos con interés jurisprudencial, interpretados a la luz de los instrumentos internacionales aplicables a esta población.
Paralelamente, el tribunal fortaleció su vínculo con la comunidad mediante la articulación con organizaciones de adultos mayores de su jurisdicción. En este contexto, se realizó una jornada de acercamiento con integrantes del club “Amistad de Malloa”, quienes participaron en una capacitación sobre materias jurídicas de relevancia para su grupo etario —tales como la interdicción y la normativa en arrendamiento— y presenciaron una audiencia judicial, lo que les permitió conocer de manera directa el funcionamiento del sistema de justicia en su territorio.
Los resultados de esta experiencia piloto fueron expuestos el 11 de noviembre de 2025 en una reunión de evaluación presidida por la ministra de la Corte Suprema encargada del Subcomité de Acceso a la Justicia, Jessica González, instancia en la que también participaron los demás tribunales seleccionados a nivel nacional para la implementación del protocolo.
La jueza presidenta del tribunal, Sandra Herrera, señaló que “valoramos profundamente la oportunidad de contribuir al fortalecimiento del acceso a la justicia para las personas mayores. Los avances logrados no solo transforman nuestra forma de trabajar, sino que permiten institucionalizar prácticas permanentes que aseguran el respeto, la dignidad y la efectiva protección de los derechos de este grupo en el ámbito judicial”.