Reunido el tribunal pleno de la Corte Suprema –el lunes 1 de diciembre– analizó el proyecto que “Modifica la ley N°20.065, a fin de encargar al Servicio Médico Legal la identificación de restos humanos bajo su custodia, correspondientes a víctimas de violaciones a los derechos humanos”. Informe que fue remitido a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputadas y Diputados, al día siguiente.
“En conclusión, se ha remitido a esta Corte Suprema el proyecto de ley que ‘Modifica la Ley N°20.065, a fin de encargar al Servicio Médico Legal la identificación de restos humanos bajo su custodia, correspondientes a víctimas de violaciones a los derechos humanos’, el cual busca Instruir al Servicio Médico Legal para que lleve a cabo los peritajes pertinentes a fin de determinar la identidad de los restos óseos bajo su custodia, en relación con aquellos casos que no cuenten con orden judicial, vinculados a presuntos detenidos desaparecidos y ejecutados políticos durante el régimen militar. Para lo que, deberá proporcionar informes periódicos que reflejen los resultados y el estado de avance de estas investigaciones”, plantea el informe.
“Lo primero que hade señalarse es que la materia consultada no corresponde a aquellas dispuestas en el artículo 77 de la Constitución Política de la República”, añade.
“En segundo orden, el Servicio Médico Legal no es un auxiliar de la administración de justicia, sino que un servicio dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, releva.
“Por último, en relación a su conexión con las atribuciones judiciales, la propuesta consiste en un mecanismo de reporte del SML para informar a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado el resultado de la identificación que haga, y no se vincula con el proceso penal. Sin perjuicio de ello, es importante poner de relieve que la propuesta debiese asegurar la capacidad efectiva del Servicio para dar oportuno y debido cumplimiento de las órdenes judiciales, además de la función que la propuesta añade”, propone la Corte Suprema.
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