Cerca de 70 personas de manera presencial y más de 90 asistentes online, participaron en el seminario “Derecho del consumo”, organizado por la Corte de Apelaciones de La Serena, el capítulo IV de jueces y secretarios de Policía Local y el Servicio Nacional del Consumidor región de Coquimbo.

La actividad fue encabezada por la presidenta del tribunal de alzada, Marcela Sandoval, quien destacó la necesidad de desarrollar temas que impactan en la vida cotidiana de las personas. “Este tipo de actividades se adentra en temas específicos, que, en definitiva, no buscan otra cosa que proteger los derechos de los consumidores, promoviendo la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores”, indicó.

Las exposiciones estuvieron a cargo de Carola Álvarez jueza del Segundo Juzgado de Policía Local de Coquimbo que presentó el tema "Consumidores financieros hipervulnerables en materia financiera”; y Jaime Ponce, abogado regional del Departamento de Protección Regional del Sernac, quien expuso sobre "Criterios para determinar el monto de la sanción”.

“Se abordaron temas muy contingentes. Estimamos que uno de los conflictos más importantes, de los muchos que abordan los juzgados de policía local, es la situación de los fraudes bancarios, los fraudes electrónicos que sufren los consumidores.  Por otra parte, el Sernac nos instruyó sobre la determinación de los criterios de ponderación, las circunstancias atenuantes y agravantes al establecer las multas que determina la ley de protección de derecho al consumidor, lo cual es sumamente útil, tanto por para los juzgados de policía local, como tribunales civiles que en algunos casos les corre conocer estas materias”, manifestó Cristian Campusano, presidente del capítulo IV de Juzgados de Policía Local.

En la misma línea se manifestó el director regional de Sernac Francisco Fuenzalida. “Hemos tenido una excelente convocatoria para que la jurisdicción pueda tener insumos útiles para el ejercicio de su función, pero también para problematizar sanamente los conceptos que gobiernan la relación entre las personas consumidoras y los proveedores. Creemos que es un muy buen estímulo para continuar en esta sana vinculación entre instituciones y, de este modo, favorecer los estándares de protección a las personas consumidoras” concluyó.