El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dejó hoy –sábado 15 de noviembre– sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva a Víctor Gonzalo Migueles Oteiza, imputado como autor de cohecho reiterado y lavado de activos; y Mario Andrés Vargas Cociña y Carlos Eduardo Lagos Herrera, imputados como autores de lavado de activos y soborno reiterado. Ilícitos perpetrados desde 2023 en territorio jurisdiccional del tribunal.

En la audiencia (causa rol 11.240-2024), la magistrada Michel Ibacache Toledo ordenó el ingreso en prisión de Migueles Oteiza, Vargas Cociña y Lagos Herrera, por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación. Además, fijó en 90 días el plazo de investigación.

Al momento de resolver la necesidad de cautela, la magistrada Ibacache sostuvo que: “durante mucho tiempo el Poder judicial ha tenido que coexistir con el fantasma de la corrupción, da lo mismo la forma en que los jueces fallemos, porque siempre la parte que no resulte vencedora acusara al juez de corrupto. Así las cosas, como ya se ha señalado, quienes formamos parte de este poder del Estado, cohabitamos día a día con esta idea constante de que la justicia en Chile es corrupta, que la justicia es solo para quienes pueden pagar por ella, que, si no se tiene los medios económicos para poder defenderte, es imposible obtener justicia”.

Para la jueza: “El fantasma de la corrupción al interior del Poder Judicial el día de hoy ha dejado de ser algo etéreo, una idea en el aire, un discurso que se repetía cada vez que se fallaba algún asunto y no era del gusto de la mayoría. Hoy, después de escuchar los antecedentes reunidos por el Ministerio Público, ese fantasma con el que durante tanto tiempo convivimos, se ha hecho realidad. Al interior del Poder Judicial se ha ido formando una red de corrupción, que tiene como integrantes, de acuerdo a lo que se ha podido establecer al día de hoy, a una juez de la más alta jerarquía, una ministra de la excelentísima Corte Suprema, seguida de conservadores de bienes raíces, notarios y abogados que, sin vergüenza alguna, han pisado el valor por el cual debemos regirnos y el cual juramos o prometimos proteger, la Justicia, que por definición debe ser ciega”.

“La venda en los ojos de la diosa justicia –prosigue– simboliza que se debe ser imparcial y objetiva, aplicando la ley sin distinción de raza, género, riqueza, poder u otro estatus, con los hechos conocidos en la presente formalización, queda arraigado en el ciudadano común, que la única forma de obtener un fallo favorable es pagando por ella. Quienes han sido formalizados el día de hoy se han reído de todo un país, participando de reuniones sociales, mientras un conflicto judicial que los afectaba como parte o como juez se encontraba en curso; realizando viajes, ostentando y evidenciando a través de red sociales la amistad que los unía, porque ni siquiera han tenido el cuidado de ocultar sus conductas delictivas, sus actos han enlodado la probidad, la integridad y lealtad de los funcionarios públicos, generando desigualdad, afectando directamente los derechos de las personas a un trato igualitario, quebrando la confianza pública, creando en la ciudadanía un sentimiento de impunidad”.

“Si todo lo antes descrito no constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, entonces no sé qué otro hecho pude afectar de una manera tan directa a la sociedad en su conjunto (…) cualquier otra medida cautelar, teniendo en consideración el nivel de relaciones, influencias y vinculaciones sociales de los imputados, que eventualmente pudieran ser parte de esta red de corrupción, constituye un inminente peligro para el éxito de la investigación”, concluyó la jueza.

“Atendido lo antes razonado, estimando que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, se decreta la prisión preventiva de los imputados Migueles, Vargas y Lagos”, ordenó.

Amistad concertada

Según el ente persecutor, desde 2022 el imputado Migueles Oteiza y su pareja, Ángela Francisca Vivanco Martínez (entonces ministra de la Corte Suprema), mantenían una amistad con los abogados imputados Vargas Cociña y Lagos Herrera. En dicho contexto, en marzo de 2023, los imputados Vargas Cociña y Lagos Herrera asumieron la representación del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec SpA (CBM), y procedieron a la interposición de recursos de protección en contra la minera estatal Codelco ante la Corte de Apelaciones de Copiapó, los cuales fueron rechazados el 13 de junio de 2023. Tres días después, 16 de junio de 2023, Lagos Herrera recurrió ante la Corte Suprema.

En la vista de la controversia trabada entre Codelco y CBM ante la Corte Suprema, la entonces ministra Vivanco Martínez intervino y resolvió a favor de CBM tanto el recurso de apelación deducido como en las posteriores peticiones de ejecución, con infracción a sus deberes estatutarios como magistrada del máximo tribunal del país, en la medida que no declaró su inhabilidad de oficio respecto de los imputados Vargas Cociña y Lagos Herrera, representantes de CBM.

Entre las diversas decisiones en las que intervino la entonces ministra con infracción a sus deberes del cargo durante la tramitación del recurso de protección ante la Corte Suprema y las posteriores peticiones del proceso de ejecución, concurrió con su voto a resoluciones favorables a las pretensiones procesales y pecuniarias de CBM, que obligaron a Codelco a desembolsar sumas millonarias al consorcio, dineros con los que la empresa pagó honorarios a los abogados imputados, procediendo estos, con parte de esos recursos, a dar beneficios económicos a la entonces ministra Vivanco Martínez y su conviviente Migueles Oteiza, quien concertadamente con su pareja facilitó los medios para recibir el pago en conocimiento tanto del cohecho como del origen ilícito del dinero, montos que Vivanco Martínez Migueles Oteiza usaron con fines personales.