El Comité de Género de la Corte de Apelaciones de Santiago y la Regional Santiago de la Asociación de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (Aprajud), organizaron un encuentro sobre los desafíos judiciales e institucionales para garantizar la dignidad e igualdad de las personas mayores.

La jornada contó con la participación de las ministras de la Corte Suprema, Andrea Muñoz y Jessica González; la ministra de la Corte de Santiago y encargada del Comité de Género, Lilian Leyton; el ministro del tribunal de alzada, Pedro Caro; el presidente de Aprajud, Patricio Aguilar y jueces y funcionarios de la jurisdicción.

El director de la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos de la Corte Suprema (DAIDH), Rafael Silva, fue el expositor principal de la actividad, acompañado por la presidenta y secretaria de la Regional Santiago de Aprajud, Karin Rojas y Alejandra Luengo.

En la introducción al tema, Luengo señaló que el envejecimiento de la población no es una amenaza, sino una oportunidad para construir una sociedad más inclusiva, equitativa y consciente de la diversidad humana a lo largo del ciclo vital.

“Nuestra institución tiene un rol clave en garantizar que el derecho al buen trato no sea solo un principio en el papel, sino una realidad para todas las personas mayores. Como se señala, dialogando y actuando. No basta con reconocer el problema; se requiere de una acción efectiva y articulada entre el Poder Judicial, el Ejecutivo y la sociedad civil”, indicó.

Por su parte, Rafael Silva realizó una caracterización de las personas mayores y destacó el rol de la DAIDH como secretaría técnica del subcomité de Acceso a la Justicia, instancia presidida por la ministra Jessica González. En este contexto, explicó el trabajo que se ha desarrollado en torno al Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas Mayores, particularmente su guía de aplicación, que actualmente se encuentra en su etapa final de implementación en tribunales piloto: la Corte de Apelaciones de Santiago, el Primer y Vigésimo Noveno Juzgado Civil de Santiago, el Juzgado de Letras de Rengo, la Secretaría de la Corte Suprema y el Tercer Juzgado de Policía Local de Maipú.

El director de la DAIDH, destacó que la aplicación de la guía ha permitido identificar buenas prácticas y oportunidades de mejora en el trato hacia las personas mayores dentro del sistema judicial. Agregó que las instituciones participantes han adoptado diversas medidas, como la priorización en la atención, la incorporación de señalética inclusiva, la presencia de funcionarios de apoyo, el uso de un lenguaje jurídico más claro y comprensible, la incorporación de normativa de derecho internacional de los derechos humanos en resoluciones y sentencias y la realización de capacitaciones y actividades de sensibilización. Además, mencionó la elaboración de material informativo adaptado y la adecuación de los espacios físicos para ofrecer una atención más accesible y digna.

“Garantizar un acceso real y efectivo a la justicia para las personas mayores implica transformar nuestras prácticas cotidianas. Las experiencias piloto nos han enseñado que se trata de empatía, lenguaje claro, respeto y promoción de derechos humanos y un entorno judicial verdaderamente inclusivo”, concluyó Rafael Silva.