La ministra en visita de causas por violaciones de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, condenó a exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por  el secuestro calificado de 15 prisioneros y prisioneras políticas que fueron detenidos y llevados al centro de detención de Londres 38, entre enero y septiembre de 1974.

En la sentencia (Rol 75-2016 Cuadernos A, B y C) condenó a Miguel Krassnoff Martchenko a 20 años de presidio por su responsabilidad como autor de secuestro calificado de Osvaldo Andrés Zamorano Silva, Viola del Carmen Todorovic Gallo, Mario Enrique Aguilera Salazar, Silvia Rosa Vergara Rifo, Fredy Fernando Salgado Urriola, René Enrique Altamirano Cornejo, Óscar Waldemar Troncoso Muñoz, Atenas Margarita Caballero Nadeau, Juan Carlos Caballero Nadeau, Samuel Antonio Houston Dreckmann, René Patricio Lizama Lira, Mario Reinaldo Artigas Contreras y Blanca Rosas Bustos Reyes y la sustracción de menores de Mónica Emilia Alvarado Inostroza y Hugo Anselmo Chacaltana Silva.

En tanto Nelson Alberto Paz Bustamante fue condenado a 5 años y un día de presidio por su responsabilidad como autor del secuestro calificado de la víctima Aguilera Salazar.

La investigación de la magistrada estableció que:

 “El 11 de septiembre de 1973 se instauró en Chile un régimen militar que desde sus inicios implementó una política de persecución y represión generalizada contra todas las personas que se consideraban opositoras a las nuevas autoridades o simplemente perniciosas a sus objetivos, que contempló la práctica de fusilamientos, ejecuciones sumarias, torturas de diversa naturaleza, incluidas agresiones sexuales, privaciones arbitrarias de libertad, allanamientos y desapariciones forzadas, entre otras formas de violencia, originadas tanto en agentes estatales como en civiles que les asistieron. Para el logro de sus fines, los organismos de inteligencia desarrollaron sus actividades en distintos cuarteles o centros clandestinos, aunque junto con ellos hubo recintos asignados a las Fuerzas Armadas y de Orden que sirvieron al mismo propósito, donde también se verificaron planificaciones de operativos y atentados contra la libertad, la integridad y la vida de las personas.

“Al inicio del gobierno militar de facto, se creó un organismo denominado Dirección de Inteligencia Nacional, comúnmente conocido como DINA, que tuvo como finalidad reunir información a nivel nacional para la producción de estrategias destinadas a la seguridad de todo el territorio; sin embargo, en la práctica, operó como una entidad represiva, clandestina y autónoma, encargada de identificar, detener y neutralizar a los opositores del régimen instaurado. Para el cumplimiento de dichos fines la DINA implementó y administró distintos centros de detención clandestinos como Londres N° 38, Villa Grimaldi, José Domingo Cañas, Irán con Los Plátanos, entre otros, donde se practicaron de manera sistemática detenciones ilegales, interrogatorios con métodos de tortura física y psicológica, apremios ilegítimos, vejámenes sexuales, ejecuciones y desapariciones forzadas.

“Se trataba de una organización jerarquizada, en la que existía una cadena de información y mando, mediante la cual los agentes debían reportar a sus superiores las acciones realizadas en cada operativo, de modo que las autoridades de mayor rango tenían conocimiento y control de las prácticas ejecutadas.

“El recinto llamado “Cuartel Yucatán”, ubicado en calle Londres N° 38 de la comuna de Santiago, conocido como “Londres 38”, fue utilizado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) al menos entre diciembre de 1973 y septiembre de 1974. Contaba con una estructura de mando y se organizó por medio de la creación de brigadas, Caupolicán y Purén, las que a su vez se dividieron en grupo operativos. La brigada Caupolicán la integraban los grupos operativos Halcón I y II, Águila, Cóndor y Tucán. La brigada Purén establa integrada por los grupos Puma, Chacal, Ciervo y Leopardo. Cada agrupación contaba con un jefe, que disponía de todos sus integrantes. Sin embargo, en Londres 38, todos los agentes de la DINA, incluidos aquellos reconocidos como torturadores, interrogadores, transcriptores y guardias, colaboraban con el jefe de Halcón, cuyo principal objetivo -no el único-fue la desarticulación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, para lo cual no escatimó en forma y métodos, transformándose el cuartel Londres en un centro clandestino de detención, interrogatorios y tortura, recinto en el que permanecieron ilegalmente privadas de libertad cientos de personas, las cuales fueron torturadas, ejecutadas o hechas desaparecer”.

En el aspecto civil se condenó al Fisco a pagar indemnización a las víctimas.