En el Instituto del Mar de la comuna de Chonchi, la jueza de Familia de Castro Carolina Prieto expuso los alcances de la Ley 21.430 sobre Garantías y Protección de los derechos de la niñez y adolescencia, enfocado principalmente en los deberes de los miembros del sistema de protección integral.
La instancia, organizada por la Oficina Local de la Niñez de la comuna, convocó a más de 50 personas, entre docentes, asistentes de la educación, equipos comunales de salud y programas municipales.
En la ocasión, la presidenta del Consejo Consultivo Comunal de la Infancia, Nayareth Olmedo, entregó a la magistrada un diploma en reconocimiento por su aporte en la difusión y promoción de los derechos de la infancia y adolescencia en la comuna.
Asimismo, en la Escuela Básica Luis Uribe, de la comuna de Castro, cerca de 40 profesores, asistentes de la educación y otros miembros de la comunidad educativa participaron en la charla sobre la Ley 21.430 que dictó la jueza de Familia.
El objetivo de la jornada fue promover los derechos de la infancia y adolescencia, para el fortalecimiento del sistema universal de protección, lo cual fue valorado por los profesores, especialmente, la importancia que tiene denunciar y ser la primera persona que escuche el relato de niños, niñas y adolescentes, ante eventuales vulneraciones.
De igual manera, la magistrada Carolina Prieto dio a conocer los alcances de la ley en el Liceo Bilingüe Teresa de Los Andes de la comuna, en una actividad organizada por el equipo psicosocial del establecimiento.
En la cita participó más de una treintena de asistentes, que desempeñan distintas funciones en el recinto educacional, donde se profundizó en los deberes de los miembros del sistema de protección.
Red Protege Chiloé
Con una alta convocatoria de representantes de programas e instituciones vinculadas al trabajo con la infancia y adolescencia, liderados por el Juzgado de Familia de Castro, se desarrolló en el Centro Cultural de Castro, la tercera Reunión Ampliada de la Red Protege Chiloé.
Durante la sesión se relevó como hito la realización de las jornadas de capacitación para la certificación del Sello Protege, que reunieron a cerca de 200 docentes y encargados de convivencia escolar de establecimientos municipales, subvencionados y particulares.
En el encuentro también se recordaron fechas conmemorativas importantes para el trabajo con niños, niñas y adolescentes, tales como el Día de la Prevención del Suicidio (10 septiembre), el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil (19 noviembre) y el Día de la Convención sobre los Derechos del Niño (20 noviembre).
Además, se presentaron dos programas que fortalecen la oferta de apoyo en el territorio: “Mujer Castreña sin violencia”, dependiente de la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Castro, y “Comunidad Terapéutica”, para mujeres con consumo problemático de sustancias, de la ONG Vínculos.
Coordinación interinstitucional
En el marco de las coordinaciones interinstitucionales, en tanto, los jueces del Juzgado de Familia de Castro Carolina Prieto (presidenta), Félix Asencio y Macarena Muñoz sostuvieron una reunión de trabajo con el Servicio Médico Legal, encabezado por la directora regional Francisca Zapata.
En la ocasión, participaron la perito y encargada de coordinación de derivaciones del SML, Pilar Contreras; la jefa de Laboratorio, Javiera Delgado y la psicóloga y perito del Servicio en Ancud, Paula Soto. Mientras, por el tribunal se sumaron el administrador Lorenzo Quilodrán; el jefe de la Unidad de Causas, Víctor Raimilla y las consejeras técnicas Daniela Oyarzún, Sandra Díaz, Karin Marín y Patricia Lozano.
En la instancia de trabajo, gestionada por el magistrado Asencio, el SML expuso los tipos de evaluaciones y exámenes de laboratorio que realiza y se establecieron acuerdos de coordinación para su adecuada y oportuna elaboración, entre otros.
El Tribunal de Familia de Castro sostuvo, además, una reunión de coordinación con el Programa Lazos de la comuna, dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito, donde participó la magistrada Carolina Prieto, el magistrado Félix Asencio y la consejera técnica Daniela Oyarzún.
A la cita asistió la directora de Seguridad Pública, Adriana Faba, junto a los profesionales del programa, quienes dieron a conocer que éste está orientado a la atención de niños y adolescentes entre los 10 y 17 años y 11 meses infractores de ley o en riesgo de incurrir en dichas conductas, a través del trabajo con las familias y las redes de apoyo.