Corte Suprema ordena al fisco indemnizar a estudiantes secundarias torturadas por la DINA

25-septiembre-2025
En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal rechazó el recurso de casación en la forma interpuesto en contra de la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización total de $300.000.000 a las entonces estudiantes de enseñanza media Rosa Eliana Narváez Riveros y Verónica Patricia Pareja Alarcón, quienes fueron detenidas por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), en agosto de 1974, y sometidas a interrogatorios, torturas y vejámenes.

La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en la forma interpuesto en contra de la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización total de $300.000.000 por concepto de daño moral a las entonces estudiantes de enseñanza media Rosa Eliana Narváez Riveros y Verónica Patricia Pareja Alarcón, quienes fueron detenidas por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), en agosto de 1974, y sometidas a interrogatorios, torturas y vejámenes en los centros clandestinos de Londres 38 y Cuatro Álamos.

En fallo unánime (causa rol 217.980-2023), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, las ministras María Teresa Letelier, María Cristina Gajardo y la abogada (i) Pía Tavolari– descartó falta de fundamentación en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que confirmó los montos indemnizatorios establecidos en primera instancia.

“Que, sobre la determinación del monto en concreto de la indemnización, la sentencia dictada por el a quo y confirmada por el fallo recurrido, hace un análisis de los antecedentes que llevaron a determinar la suma a indemnizar por concepto de daño moral, señalando en su motivo septuagésimo cuarto: ‘Que, en relación a la indemnización demandada por Rosa Narváez Riveros y Verónica Pareja Alarcón, cabe señalar que concurren en la especie los elementos de perjuicio, responsabilidad y causalidad necesarios para la procedencia de la acción civil impetrada y, en razón de ello, corresponde al Estado indemnizar el daño moral sufrido por los demandantes’.
Para luego referir: ‘Que, para determinar el monto que se ordenará pagar se tuvo en consideración que los instrumentos internacionales vigentes obligan a que la reparación a la víctima sea adecuada, esto es, apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y al daño sufrido.
En este caso, las adolescentes Rosa Eliana Narváez Riveros y Verónica Patricia Pareja Alarcón, de quince años de edad, debieron soportar ser injustamente detenidas, un prolongado período de privación de libertad en centros de detención clandestinos de la Dirección de Inteligencia Nacional y, adicionalmente, ser sometidas a malos tratos físicos y psicológicos y atentados a su libertad sexual que les provocaron sufrimientos inhumanos y un quiebre en su desarrollo personal.
Por lo anterior, este tribunal estima prudencialmente que Rosa Narváez Riveros y Verónica Pareja Alarcón deben ser indemnizadas con la suma de $150.000.000, cada una, en calidad de personalmente afectadas, más los reajustes que se indicarán en lo resolutivo’”, reproduce el fallo.

Para la Sala Penal: “(…) en los términos en que fue planteada la alegación, esta resulta como no concurrente, desde que la omisión de los razonamientos denunciados por el arbitrio, no resultaron ser tales. Por el contrario, el tribunal fija el marco sobre el cumplimiento de los requisitos que hacen procedente la compensación que se exige y luego, da paso a la particularización de los elementos que le permiten determinar la suma que se impondrá, considerando en forma central, la naturaleza de los padecimientos vividos por las demandantes, su gravedad, las consecuencias en su derrotero vital y la corta edad que ellas tenían al momento de la ocurrencia de los hechos”.

“Así, la necesidad de una decisión fundada resulta satisfecha por el ejercicio realizado por el tribunal, el que en tal sentido considera, la naturaleza de la acción indemnizatoria ejercida y que, para una adecuada resolución del asunto, era imperativo analizar la actuación de los agentes y los perjuicios producidos en las demandantes, dada la controversia trabada entre las partes”, añade.

“Que, conforme lo expuesto, aparece con meridiana claridad que la sentencia materia del recurso dio cabal cumplimiento a las exigencias legales, sin que exista mérito alguno para cuestionarla a través del arbitrio en examen. Distinto es el caso que el impugnante no comparta los razonamientos jurídicos o la aplicación de una norma en particular en cuanto a sus requisitos legales. Sin embargo, dichas discrepancias no pueden servir de base para construir una causal que solo está dirigida a controlar que la sentencia cumpla con ciertos requisitos formales, mas no para cuestionar la aplicación o inaplicación normativa, pues tal reproche la ley lo ha reservado para la casación de fondo, motivo por cual se desestimara la causal de nulidad formal en análisis, por tal razón el recurso no puede prosperar”, concluye.

Por tanto, se resuelve que: “se rechaza el recurso de casación en la forma deducido por el Consejo de Defensa del Estado, en contra de la sentencia de veintitrés de agosto del año dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel en el Rol Corte 3598-2022 Penal, la que por consiguiente, no es nula”.

Quinceañeras
En la sentencia de primer grado, la ministra en visita extraordinaria para causas por violación de los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel Marianela Cifuentes Alarcón estableció los siguientes hechos:
“1° Que el día 13 de agosto de 1974, en horas de la tarde, agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), entre ellos Basclay Zapata Reyes, detuvieron, sin derecho, a Rosa Eliana Narváez Riveros y Verónica Patricia Pareja Alarcón, ambas de quince años, estudiantes de Enseñanza Media y militantes de las Juventudes Comunistas, en el domicilio de Pareja Alarcón, ubicado en calle Flor María N°5.471 de la comuna de Conchalí.
2° Que, acto seguido, las adolescentes fueron trasladadas en una camioneta marca Chevrolet modelo C10, en cuyo interior se encontraba Iván Sergio Carreño Aguilera, al centro de detención clandestino de la Dirección de Inteligencia Nacional, denominado ‘Londres 38’, ubicado en calle Londres N°38 de la comuna de Santiago, a cargo del mayor de Ejército Marcelo Luis Manuel Moren Brito, secundado por el teniente de Ejército Miguel Krassnoff Martchenko y el teniente de Carabineros Ricardo Víctor Lawrence Mires, quienes ejercían mando directo sobre los agentes operativos.
3° Que, en el referido centro de detención clandestina, Rosa Eliana Narváez Riveros y Verónica Patricia Pareja Alarcón permanecieron varios días privadas de libertad, tiempo en el que fueron interrogadas acerca de sus actividades políticas, la tenencia de armas de fuego y el nombre de sus contactos, mediante apremios ilegítimos, tales como, golpes en distintas partes del cuerpo, aplicación de electricidad y vejámenes sexuales reiterados.
4° Que, días después, ambas adolescentes fueron conducidas al centro de detención ‘Cuatro Álamos’, situado en la comuna de San Miguel, recuperando su libertad a principios de octubre de ese año.
5° Que la detención de Rosa Narváez Riveros y Verónica Pareja Alarcón se enmarcó en un operativo realizado por la DINA en la comuna de Conchalí, dirigido a aprehender a militantes y/o simpatizantes del entonces proscrito Partido Comunista, ocasión en la cual se detuvo, entre otros, a Manuel Antonio Carreño Navarro y su hijo Iván Sergio Carreño Aguilera”.

En el ámbito penal, las defensas no recurrieron en contra de la sentencia que condenó a los agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) César Manríquez Bravo y Miguel Krassnoff Martchenko a penas de 15 años y un día de presidio efectivo, como autores del delito agravado de sustracción de menores.