El Primer Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización de $50.000.000 por concepto de daño moral, a Alejandro Enrique Oro Quinteros, de 16 años a la época de los hechos, quien resultó gravemente herido, con pérdida de visión de ojo derecho, al ser impactado por balines de plomo disparados por patrulla militar, cuando se disponía a cerrar la puerta del antejardín de su domicilio. Ilícito perpetrado en julio de 1986, en la comuna de Cerro Navia.
En el fallo (causa rol 20.092-2024), el juez Wilson Rodríguez Rodríguez rechazó las excepciones de reparación integral y prescripción extintiva de la acción indemnizatoria opuestas por el fisco, tras establecer que Oro Quinteros fue víctima de un crimen de lesa humanidad, imprescriptible tanto en sede penal como civil.
“En consecuencia, el daño experimentado por el demandante consistente en la pérdida de la visión del ojo derecho solo se puede enmarcar dentro del ‘daño moral’, por lo que resulta plausible entonces acoger la demanda, y tal circunstancia conlleva a determinar el monto de los perjuicios que las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos sufrieron en el régimen militar. Ello es una cuestión de ponderación y valoración que se le impone al tribunal, con el objeto de establecer y precisar los daños y aflicción, mismos que son posibles de presumir fundadamente en el caso particular, pues fluyen de los hechos reseñados”, plantea el fallo.
La resolución agrega que: “En esta labor de determinación del quantum indemnizatorio, este sentenciador considera como aspectos relevantes las siguientes circunstancias: (a) que el demandante detenta la calidad de Prisionero Político y Torturado, tenía 16 años de edad a la época de los hechos, era menor de edad; (b) si bien no estuvo detenido ilegalmente, el tipo de lesión que experimentó a su corta edad, la pérdida de la visión del ojo derecho fue una lesión grave que lo mantuvo 15 días hospitalizados, de carácter permanente e irreversible; (d) que ha recibido pensiones de reparación por parte del Estado por estos lamentables hechos”.
Para el tribunal: “(…) en base a todos los aspectos examinados precedentemente, se fijará la indemnización de perjuicios, por daño moral, que deberá pagar el Estado al demandante, en su calidad de víctima de violación a sus derechos fundamentales en la suma única y total de 50 millones de pesos, la que se estima justa y equitativa, considerando que el actor es beneficiario de las leyes de reparación antes indicadas”.
“El monto indemnizatorio fijado, deberá pagarse debidamente reajustado desde que la sentencia se encuentre ejecutoriada; más los intereses corrientes para operaciones de crédito de dinero no reajustables desde que el Fisco incurra en mora en los términos establecidos en el artículo 752 del Código de Procedimiento Civil”, ordena la resolución.
“Que los demás documentos acompañados en nada alteran lo que viene decidido”, concluye.