La Corte de Apelaciones de Arica dejó hoy –viernes 12 de septiembre– sin medidas cautelares a F.J.A.F.F., imputado por el Ministerio Público como autor del delito de asociación ilícita, en el contexto del denominado Caso Bienes Nacionales.

En fallo unánime (causa rol 647.2025), la Segunda Sala del tribunal de alzada  –integrada por los ministros Pablo Zavala Fernández, José Delgado Ahumada y la abogada (i) Claudia Moraga Contreras– revocó la resolución del Juzgado de Garantía, que había decretado las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual.

“Que, con el mérito de lo expuesto por las partes en estrado y especialmente considerando que no se fundamentó en la resolución de primera instancia que concurriera alguno de los requisitos que establece el artículo 155 del Código Procesal Penal, esto es, garantizar el éxito de las diligencias de investigación o la seguridad de la sociedad, asegurar la comparecencia del imputado a las actuaciones del procedimiento, teniendo además presente que, en virtud del principio de inocencia, las medidas cautelares son de carácter excepcional en el proceso penal y que la juez a quo tampoco dio por acreditados, por ahora, los presupuestos materiales de la letra a) y b) del artículo 140 del referido cuerpo normativo, SE REVOCA la resolución apelada que impuso al encartado F.J.A.F.F. la medida cautelar de arraigo nacional y firma mensual, las que quedan sin efecto”, sostiene el fallo.

Según el ente persecutor, diversos funcionarios de la Seremi de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota se organizaron para utilizar sus posiciones como funcionarios públicos de dicha institución para recibir sobornos de particulares a cambio de agilizar trámites, proporcionar información interna antes de la notificación oficial, entregar información interna reservada que en ningún caso sería proporcionada a terceros ajenos a la misma y manipular el proceso en beneficio de los particulares.

En ese contexto, desde el año 2021 los imputados que laboraban en el servicio público junto a los coimputados consultores particulares se concertaron para  actuar de manera organizada para lo cual cada uno cumplía funciones determinadas y contaban con roles y tareas definidas, con la finalidad de dedicarse de manera sistemática y permanente a obtener pagos ilícitos por parte de usuarios particulares de la Seremi de Bienes Nacionales, quienes requerían efectuar diversos trámites de bienes fiscales en este servicio, los que debían tramitar.

Para lograr tales objetivos, según detalló el ente persecutor, la organización contaba con personas en la cima que cumplían los roles de líderes, recaudadores de dinero, otros que cumplían los roles de intermediarios y las personas ajenas al servicio público, además de personas externas que facilitaban los medios para recibir los pagos de dinero.

La estructura, según la Fiscalía, contaba con cuatro líderes, un grupo de funcionarios que eran los brazos ejecutivos de la organización, además de otros que eran captadores.