El Décimo Octavo Juzgado Civil condenó al Fisco a pagar indemnización a diez prisioneros y prisioneras políticas sometidas a torturas en la comuna de Parral y el regimiento de Artillería de Linares.

En la sentencia (rol 17.240-2020) la jueza Claudia Donoso Niemeyer estableció que se debe reparar a las víctimas de un crimen de lesa humanidad.

“Que efectivamente, tal y como lo señala el demandado al contestar la demanda, se han efectuado por el Estado chileno distintos y variados esfuerzos una vez terminado el régimen militar, de resarcimiento de perjuicios mediante pensiones asistenciales y simbólicas a todos aquellos que se encuentran en una situación como la de los demandantes, las que han tenido un carácter general buscando una solución uniforme, abstracta, sin considerar la situación específica y particular de cada ser humano que haya sido objeto de tales hechos, ello no configura lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al pago de una justa indemnización a los lesionados, esto es, a cada persona en específico, esta sentenciadora no considera acorde a la norma internacional mencionada que obliga al Estado chileno en virtud del artículo 5° inciso 2° de la Constitución Política de la República, por lo que se desestimará la alegación de suficiencia de pago”, dice el fallo.

Agrega: “Que, siendo un hecho indubitado la calidad de víctimas invocada por los actores, forzoso resulta concluir que en virtud de principios internacionales en materia de marras los derechos que le fueran conculcados en el contexto de autos constituyen por sí solos un daño moral que debe ser compensado por el Fisco de Chile”.