Bajo el diagnostico compartido de que la reforma procesal que creó los tribunales de Familia había sido un avance sustantivo para preservar los derechos de las personas y de esa institución jurídica y social, se desarrolló -en la tarde de ayer jueves 4 de septiembre- el seminario “Ley de tribunales de Familia: 20 años de avances, desafíos y perspectivas”, organizado por la Escuela de Derecho y el Centro de la Familia  de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).

La ministra de la Corte Suprema, Mireya López, fue la encargada de inaugurar la actividad realizada en el Salón de Honor de la sede de Santiago del Congreso Nacional, junto a la vicedecana de Derecho de la PUC, Teresita Tagle; la directora del Centro UC de la Familia, Carolina Salinas, y el secretario general de esa casa de Estudios Juan Ibáñez.

La ministra López recordó en su discurso la realidad de los juzgados de menores y las carencias que presentaban. Luego destacó las nuevas normativas que se han creado en asuntos de Familia, como la Ley N° 21.389 de 2021, del Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos, y la Ley N° 21.484 de 2022, sobre responsabilidad parental y pago efectivo de deudas de pensiones de alimentos.

“Desde la dimensión de la gestión judicial, ambas reformas han generado un impacto muy significativo en la judicatura de familia, produciendo un brusco aumento de la carga de trabajo para los tribunales de familia. Algunos datos obtenidos de las bases de los sistemas judiciales pueden servir para graficar el incremento”, dijo la ministra.

Citó que “mientras el año 2021, antes de la Ley N° 21.389, el ingreso de causas alcanzaba a 594.000, en el año 2024 se elevó a 884.000, con un aumento del 67%. En materia de escritos presentados por las partes también se ha experimentado un aumento considerable. Si en el año 2021 el promedio mensual de escritos alcanzaba los 513.000, en el año 2024 se elevó a 904.000, representativo de un incremento del 56%. En cuanto a las resoluciones dictadas por los juzgados de familia el panorama es similar. Si el promedio mensual del año 2021 alcanzaba las 713.034 mensuales, en el año 2024 se alzó hasta 1.275.000 resoluciones, lo que se traduce en un crecimiento de un 55%”.

Agregó la ministra de la Corte Suprema que “ante tal escenario, el Poder Judicial ha adoptado medidas concretas para enfrentar la situación, tales como inversiones en la automatización de algunas tareas, el reforzamiento de las dotaciones de los tribunales y la creación y robustecimiento de unidades de apoyo a la labor jurisdiccional. Este breve repaso y cifras hacen posible dimensionar no sólo el impacto que en términos de gestión ha significado para el Poder Judicial las fecundas reformas legales incorporadas a nuestro sistema en el último tiempo, sino también pueden dar cabida a la reflexión sobre el nivel de funciones atribuidas al órgano jurisdiccional que, en algunas situaciones, parece no concentrarse en la adjudicación de un conflicto de relevancia jurídica, sino más bien en su ejecución y en el entramado administrativo que hace posible ese cumplimiento, pudiendo resultar interesante analizar cómo pueden conciliarse los deseables objetivos de otorgar eficacia a las decisiones judiciales con la concentración de los esfuerzos de la judicatura en su rol de resolución definitivo de disputas jurídicas”.  

Concluyó señalando que “quedan muchos desafíos pendientes como son: creación de nuevos tribunales, aumento de dotación, mayor capacitación de quienes prestan servicios en estas áreas, desarrollo de programas permanentes de autocuidado para la judicatura y el  personal que labora en estos tribunales, potenciar soluciones efectivas de alternativas de conflictos, mejora de herramientas para la protección de personas vulnerables, mejoras en la coordinación de instituciones que trabajan en estos temas, disminución de los tiempos de tramitación de causas lo que requiere un esfuerzo conjunto tanto de la judicatura como de los litigantes e intervinientes de ellas, entre otros aspectos”, concluyó.

Interpretación de las normas

El primer panel del seminario denominado “Cambios en materia procesal: la protección de la familia en la reforma de la ley 19.968” estuvo encabezado por la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mariza Villadangos, junto a los profesores Francisco Maldonado y Claudio Fuentes.

La ministra destacó que se debiera hablar de “familias” en vez de familia, puesto que no ha habido una sola forma de constituirla a lo largo de la historia de la humanidad.

Recordó asimismo que “la distinción que abrigo y que manifiesto con ocasión de haber sido nominada para poder dirigirme a ustedes el día de hoy, no es, como pudiera asumirse, una mera expresión de buenos modales, sino el sentir sincero de quien fue parte de la primera dotación que el año 2005 contribuyó a la instauración de uno de los recién creados Juzgados de Familia, el Segundo de San Miguel, y que a su vez integró (…) la comisión designada por la Excma. Corte Suprema para promover ante las autoridades respectivas las primeras, urgentes e indispensables modificaciones legislativas a la Ley 19.968 y para elaborar y difundir a través de todo el país el denominado primer ´Manual de Procedimientos Interno´, con la finalidad de, en ese momento, convulsionado por una sobrecarga de ingresos no dimensionada por el legislador y de compartida incertidumbre acerca de la correcta aplicación de las nuevas instituciones procesales que la ley contemplaba,  intentar incentivar, precisamente, ante la novísima judicatura especializada, la unificación del adecuado entendimiento de todas ellas y la práctica de determinadas herramientas de gestión de causas”.

Luego  de reseñar los principios rectores del procedimiento en Familia, concluyó que la ley “al cumplirse 20 años de su entrada en vigencia, no es posible sino reconocer su gran aporte a la protección de la familia, teniendo presente para ello, en primer término, que sus normas deben ser interpretadas siempre a la luz de los derechos fundamentales que consagran la Constitución Política de la República y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y, más aún,  en consideración, enseguida, a que la institución de la Familia esta llamada a trascender en el tiempo, de un modo o de otro, con todos o con sólo algunos de sus miembros, a los conflictos y divergencias suscitadas a su interior; al término de los matrimonios y de las uniones civiles; a la rupturas afectivas; e incluso, a la muerte de algunos de sus integrantes”.

La magistrada Carolina Benavides participó del segundo panel del día denominado “Cambios en materia procesal:  la protección de la familia en la reforma”.

 Ponencias del segundo día

El seminario continuó durante el día de hoy viernes 5  en la Casa Central de la PUC. En los diferentes paneles participaron las magistradas de Familia Lorena Bruna y Paz Pérez, la fiscal judicial de Valparaíso Nel Greeven y el ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena Felipe Pulgar.

Este último se refirió en su exposición a  tres asuntos,  “pendientes” en la justicia de familia, según su personal visión y experiencia.

El primero “ser conscientes de que ciertas prácticas judiciales provocan victimización, en especial, la delegación de funciones en consejeros técnicos (como llamados a conciliación, sin registro ni formalidad alguna) o cuando los niños no son oídos, incumpliendo deberes convencionales y legales”.

El segundo “la oportunidad en la toma de decisiones, a fin de que la justicia sea justa y resuelva conflictos actuales de los niños y sus familias. Cuando llega tarde, años desde el inicio del proceso, no tiene utilidad alguna, pues el sistema familiar mutó y, con ello, las necesidades de los NNA”.

Y el tercero “la calidad, lo que demanda formación de todos quienes trabajamos con personas, que sea además una formación constante y con miras a trabajar nuevas destrezas y herramientas de mejora continua. Sin esos tres valores, la intervención judicial no se traduce en garantizar derechos, deber que la convención sobre derechos del niño y la ley de garantías ponen de nuestro cargo”.