El jueves 4 de septiembre se desarrolló en el Palacio de Tribunales el conversatorio “Discapacidad Intelectual, Cognitiva y/o Psicosocial”, instancia organizada por el Subcomité de Acceso a la Justicia de Personas y Grupos Vulnerables del Poder Judicial, presidido por la ministra de la Corte Suprema, Jessica González, cuya secretaría técnica es la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos (DAIDH).

La actividad buscó abrir un espacio de análisis interdisciplinario en torno a los retos que enfrentan las personas con discapacidad intelectual, cognitiva y/o psicosocial en el ejercicio de su capacidad jurídica, desde una mirada inclusiva y con enfoque de derechos humanos.

El encuentro contó con la presencia de los ministros de la Corte Suprema, Mauricio Silva y María Angélica Repetto; la presidenta del Tribunal Constitucional, Daniela Marzi; además de autoridades, abogados, especialistas y representantes del mundo académico y judicial.

La abogada y experta internacional en derechos humanos, María Soledad Cisternas Reyes, expuso sobre los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, enfatizando que la capacidad jurídica es un atributo inherente a toda persona, sin distinción ni discriminación.

Posteriormente, se abordó el panorama actual en Chile respecto a las barreras jurídicas y sociales que limitan el pleno ejercicio de la capacidad jurídica, las que se ven profundizadas por condiciones como pobreza, género o pertenencia a pueblos originarios. En este debate participaron María Pilar Iturrieta, del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), y la jueza Isabel Zúñiga, del 1° Juzgado Civil de Santiago.

La ministra Jessica González destacó la necesidad de avanzar en dos ámbitos: “Normativos, respecto a la legislación para ajustarla a las reglas de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y en el ámbito del Poder Judicial, con una nueva mirada a la labor jurisdiccional, en procedimientos de interdicción”.

A su vez, los académicos Pablo Marshall, de la Universidad Austral de Chile, y Federico Isaza Piedrahita, de la Universidad de los Andes (Colombia), compartieron una visión comparada sobre los avances de Chile en la armonización de su normativa y los desafíos que persisten, junto con la experiencia colombiana en materia de capacidad jurídica.

En relación con la práctica judicial, la magistrada Isabel Zúñiga recalcó que “la mirada de los jueces es distinta, hoy entendemos que esta discusión no se limita a lo médico, sino que se relaciona directamente con la dignidad y las consecuencias jurídicas que implica para una persona la pérdida de su capacidad”.

Finalmente, la jueza Zúñiga subrayó la importancia de que los distintos poderes del Estado se involucren activamente en esta reflexión: “Debemos asumir el modelo social de la discapacidad como un cambio de paradigma, lo que exige transformaciones normativas y la eliminación de barreras tanto ambientales como conductuales”.

El conversatorio concluyó con la idea de que la principal tarea pendiente en Chile es garantizar plenamente el derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual, cognitiva y/o psicosocial, avanzando hacia un sistema más inclusivo, respetuoso y acorde a los principios internacionales de derechos humanos.