La Corte de Apelaciones de Iquique revocó la resolución impugnada, dictada por Juzgado de Garantía de la ciudad, y dejó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva a P.E.A.G., imputado como autor de los delitos de amenaza a fiscal del Ministerio Público y daños. Ilícitos perpetrados el pasado 13 de agosto
En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Marilyn Freds Araya, Andrés Provoste Valenzuela y Francisco Berríos Veloso- acogió el recurso de apelación deducido por la fiscalía y ordenó la prisión preventiva de P.A.G., por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima.
“Conforme a los antecedentes vertidos en la audiencia de catorce de agosto de dos mil veinticinco, aparece que la acción desplegada por el encausado se condice con los elementos típicos de los delitos objeto de la imputación fiscal, y que de ellos se desprende, también, su intervención en calidad de autor, toda vez que los dichos del imputado en el contexto en que se produjeron constituyen indicios serios y verosímiles de una amenaza directa en contra de la señora Fiscal agraviada en el ejercicio de sus funciones, actividad que se vio reforzada con la conducta desplegada por el mismo al interior de los calabozos de la unidad policial donde fue conducido, y teniendo presente, desde esa perspectiva, que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima, y considerando, además, lo establecido en los artículos 140 y 149 del Código Procesal Penal, SE REVOCA la resolución apelada de fecha catorce de agosto de dos mil veinticinco, y en su lugar se decreta la prisión preventiva del imputado”, consigna el fallo.
Según la acusación fiscal, el individuo llegó en actitud agresiva, alterando el normal funcionamiento de las dependencias de la Fiscalía Regional, exigiendo que se le atendiera en el acto. En medio de su alterada conducta, el sujeto profirió amenazas directas contra una fiscal, lo que motivó un procedimiento policial y su posterior formalización por los delitos de amenazas y daños.
