El Décimo Sexto Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a pagar indemnización a un poblador sometido, en 1984, a prisión política y torturas en una unidad militar y un cuartel de la Policía de Investigaciones de Chile.

En la sentencia (rol 13.018-2024), la jueza Susana Ortiz Valenzuela estableció que el Estado es responsable de reparar los daños provocados por un crimen de lesa humanidad.

“Que, corresponde determinar si concurren los presupuestos que hacen procedente la indemnización de perjuicios reclamada y que conducen a establecer la responsabilidad del Estado en las detenciones, privaciones de libertad, torturas y actos violentos practicados a don Rafael Humberto Bustos Ibarra, al margen de todo proceso legal, por agentes del Estado, considerando la normativa aplicable.

Así, la Carta de las Naciones Unidas contiene entre sus propósitos y principios, el respeto a los Derechos Humanos y a las Libertades Fundamentales de todos, tema recurrente en sus objetivos y que ha sido reiterado en posteriores Tratados Internacionales.

Luego, tratándose en la especie de una violación a los derechos humanos debemos acudir también a la Convención Americana de Derechos Humanos, que en sus artículos 1.1 y 63.1 señala que cuando ha existido una violación a los derechos humanos surge para el Estado infractor la obligación de reparar con el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

De acuerdo con lo que dispone el inciso segundo del aludido precepto, los derechos humanos asegurados en un tratado se incorporan al ordenamiento jurídico interno, por lo cual ningún órgano del Estado puede desconocerlos. Dicha obligación también deriva de los Tratados Internacionales como el Convenio de Ginebra de 1949”, dice el fallo.