La Corte de Iquique rechazó hoy –viernes 8 de agosto– la apelación verbal presentada por la fiscalía, en contra de la resolución que denegó la prisión preventiva de R.A.D.M., M.A.B.F., W.L.C.B., M.A.M.C. y C.A.S.D.N., imputados como autores de los delitos de asociación ilícita, estafa, loteo irregular y lesiones menos graves. Ilícitos perpetrados entre 2020 y 2023, en la comuna de Alto Hospicio.

En fallo dividido, la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Marilyn Fredes Araya,  Andrés Provoste Valenzuela y el fiscal judicial Jorge Araya Leyton– confirmó la resolución impugnada, dictada ayer por el Juzgado de Garantía de Alto Hospicio, que decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual de los imputados.

“Lo expuesto por los intervinientes mediante videoconferencia, los fundamentos esgrimidos por la Sra. Juez de primera instancia, y lo dispuesto en los artículos 140 y 149 del Código Procesal Penal, SE CONFIRMA la resolución dictada en audiencia de siete de agosto de dos mil veinticinco, que negó decretar la medida cautelar de prisión preventiva solicitada”, consigna el fallo del tribunal de alzada.

Resolución acordada con el voto en contra de la ministra Fredes Araya, quien fue del parecer de revocar la resolución en alzada y decretar la prisión preventiva de los imputados, al configurarse los presupuestos establecidos en las letras a), b) y c) del artículo 140 del Código Procesal Penal.

El Juzgado de Alto Hospicio denegó la prisión preventiva pedida por el Ministerio Público al considerar que, en esta etapa procesal, no se aportaron antecedentes o presunciones fundadas para establecer los delitos imputados. Además, fijó en 120 días el plazo de investigación.

Según el ente persecutor, entre 2020 y 2023, en la comuna de Alto Hospicio, la imputada R.A.D.M. lideró un comité de viviendas con las coimputadas M.A.B.F., W.L.C.B. y M.A.M.C., denominado “Los Dieciocho”, que realizó el loteo y venta irregular de dos hectáreas de lo que hoy se conocen como toma “La Mula”.

En dicho contexto, R.A.D.M. “vendía” terrenos de unos 200 metros cuadrados aproximadamente, por entre $100.000 y $200.000, asegurando la transfería del dominio y entrega de los sitios a compradores de escasos recursos.

Una vez concretadas las ventas irregulares, los imputados C.A.S.D.N. y M.A.M.M. (con orden de detención pendiente) procedían por medio de amenazas e intimidación, a cobrar a las víctimas diversas sumas de dinero por diversos servicios como electricidad, cierres perimetrales y celebraciones, entre otros. Si no pagaban, eran desalojaban por la fuerza y desarmaban lo que habían construido.

En la causa, además a R.A.D.M. se le imputó autoría del delito de amenazas condicionales y daños calificados; y a C.A.S.D.N., el delito de amenazas condicionales.