En ese contexto, se planteó la situación de la sobrepoblación en alza que afecta al Complejo Penitenciario de Punta Arenas, que fue concebido para albergar a 421 personas y que actualmente registra un 16% de sobrecupo, con aproximadamente 500 internos, y que una restructuración del recinto no está contemplada en la planificación actual de infraestructura penitenciaria nacional, que se reformulará hasta el 2030.

Asimismo, entre las temáticas abordadas, se relevó a las atenciones siquiátricas que se llevan a cabo en la Unidad Psiquiátrica Forense Hospitalaria Intrapenitenciaria (UPFHI) del Complejo Penitenciario de Punta Arenas, que actualmente cuenta con 4 personas usuarias.

La administración y atención profesional de dicho módulo depende del Servicio de Salud y son quienes, además, entregan los medicamentos prescriptos a cada uno de los pacientes.

En esa línea, se informó que, por falta de recursos, el Servicio de Salud dejó de contratar personal para la entrega diaria de medicamentos y que dicha dinámica ahora se hace semanalmente, cada 10 días o mensualmente. La carencia de personal médico generó, como consecuencia directa, la descompensación de algunos internos, riñas y agresiones hacia el personal de Gendarmería.

La explicación a la problemática es que dicha unidad y personal de salud corresponden a un proyecto definido y con término el presente año. Para palear la situación, se tiene planeado recurrir a la red de salud para seguir con los tratamientos mentales de los internados en la unidad y, además, unos treinta reclusos que también requieren atención siquiátrica podrán acceder al tratamiento de forma ambulatoria.

En cuanto a la entrega de medicamentos que hacía el personal de la UPFHI, será ahora realizado por los paramédicos del Complejo Penitenciario.

Asimismo, se dio a conocer que en los recintos penales de Puerto Natales y Porvenir existe sólo segregación nocturna entre imputados y condenados. Desde el punto de vista de la seguridad, si ingresa una persona alto compromiso delictual, debería ser trasladada a Punta Arenas.

La instancia la encabeza la Fiscalía Judicial de la Corte de Punta Arenas e integran, además, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Defensoría Penal Pública, Ministerio Público, Gendarmería Regional y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.