Juzgado de Garantía de Coronel ordena la prisión preventiva de imputados por asociación delictiva

01-agosto-2025
En la audiencia de formalización, el magistrado Jorge Henríquez Mora ordenó la prisión preventiva de Felipe Agustín Chaur Sáez, imputado por los delitos consumados de lavado de activos, delitos tributarios y tráfico de drogas, por considerar que su libertad, al igual que la de sus parientes, constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en cuatro meses el plazo de investigación.

El Juzgado de Garantía de Coronel dejó sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva a Marcela Alejandra Chaur Torres y Fabián Eugenio Chaur Torres, imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos consumados de asociación delictiva para la comisión de receptaciones de cobre y lavado de activos. Además, a Marcela Chaur Torres se le imputó autoría en delitos tributarios; y a su hermano, de receptación. Ilícitos perpetrados desde 2020 y hasta el 28 de julio recién pasado, en la comuna.

En la audiencia de formalización, el magistrado Jorge Henríquez Mora ordenó la prisión preventiva de Felipe Agustín Chaur Sáez, imputado por los delitos consumados de lavado de activos, delitos tributarios y tráfico de drogas, por considerar que su libertad, al igual que la de sus parientes, constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en cuatro meses el plazo de investigación.

En la causa, además, quedaron con las medidas cautelares de arresto domiciliario parcial nocturno, firma quincenal y arraigo nacional Yazmín Anabel Chaur Sáez, imputada como autora del delito consumado de lavado de activos; y Jacna Edith Soto Díaz, como autora de los delitos de asociación delictiva y lavado de activos.

En el caso de Frankis Rafael Fonseca Cadenas, imputado como autor del delito consumado de receptación reiterada, el tribunal lo dejó con arresto domiciliario parcial nocturno, firma quincenal y arraigo regional.

En tanto, quedaron con sujetos a las medidas cautelares de firma quincenal y arraigo nacional Enrique Eugenio Chaur Torres, por los delitos consumados de lavado de activos y infracción a la ley de armas; Rosa de las Nieves Fernández Sepúlveda, Ema Elizabeth Gutiérrez Torreblanca, Rodrigo Sebastián Arriagada Ormeño, por asociación delictiva; Neftali Ronald Vallejos Mendoza, Patricio Eugenio Molina Cofré, por asociación delictiva, receptación reiterada y robo con fuerza en bienes nacionales de uso público; Manuel Antonio Fuentes Bravo, Luis Alberto Monsalves Hernández, Karen Marcela Vega Bustos, por asociación delictiva y receptación reiterada; Claudia Andrea Villegas Castillo, por asociación delictiva y lavado de activos, y Lany Hayslen Rojas Valera por asociación delictiva y receptación reiterada.

Según el ente persecutor, desde 2020 hasta y el 28 de julio de 2025, los imputados conformaron en la comuna de Coronel, una asociación ilícita para la sustracción, transformación y venta de cables de cobre. Organización liderada por los hermanos Marcela y Fabián Chaur Torres. Villegas Castillo, contadora, facilitó los medios para que los lideres dieran apariencia de legalidad a empresas de fachada. En tanto, los imputados Vallejos Mendoza, Molina Cofré y Arriagada Ormeño, trabajadores de una empresa contratista de Movistar, aprovechaban dicha circunstancia, para sustraer cables de tendido eléctrico y telefonía.

En la asociación delictiva, Fernández Sepúlveda, Gutiérrez Torreblanca y Fonseca Cadenas eran los encargados de adquirir, recibir, transformar y acopiar el material metálico en la empresa Ferrimet Chaur SpA, ubicado en calle Los Carrera, comuna de Coronel, de propiedad de Marcela Chaur Torres o en la bodega de su hermano Fabián, ubicada en calle Sur, de la comuna, donde procedían a retirar y quemar el revestimiento plástico de los cables, material que era trasladado por Monsalves Hernández, Vega Bustos y Fuentes Bravo a las empresas a las cuales se vendía.

En tanto, Soto Díaz facilitó su identidad, antecedentes personales y cuentas bancarias para de blanquear los montos obtenidos por Fabián Chaur Torres, a cambio de un pago en dinero, mientras que Marcela Chaur Torres, para ocultar el origen ilícito de los fondos que le reportaba su actuar ilícito, emitió 755 boletas falsas por un total de $45.502.070.

Rojas Valera, en su calidad de administradora del local de chatarra Fimet, ubicado en calle Bulnes, comuna de Concepción, adquiría el material de cobre sustraído y emitía facturas ideológicamente falsas a nombre de supuestos compradores.

Con el dinero obtenido, Fabián Chaur adquirió vehículos, los que inscribió a nombre de su padre, el coimputado Chaur Torres, y sus hijos también imputados, Jazmín y Felipe. En tanto, Marcela Chaur Torres compró vehículos y propiedades, las que puso a nombre de una hija no formalizada.

En cuanto a los delitos tributarios, Marcela Chaur Torres, en calidad de representante legal de la empresa Ferrimet Chaur SpA, en los años tributarios 2024 y 2025 presentó declaraciones anuales de impuesto a la renta (formularios 22) maliciosamente falsos, al aumentar indebidamente costos y/o gastos que incorporaba en la contabilidad como compras ficticias de una decena de supuestos proveedores, para lo cual emitió un total de 1.128 facturas de compra electrónica por operaciones que no efectuó, causando un perjuicio fiscal por concepto de impuesto a la renta, de $11.817.900.

Finalmente, el lunes 28 de julio de 2025, en cumplimiento a una orden de detención emanada del Juzgado de Garantía de Coronel, funcionarios de la PDI ingresaron a los domicilios de Felipe Chaur Sáez y Enrique Chaur Torres. En el primero, encontraron dos plantaciones indoor con 25 plantas de cannabis sativa (marihuana), más un envase con 149,4 gramos del alucinógeno; y en el segundo inmueble dieron con una pistola a fogueo semiautomática de 9 milímetros con cargador, adaptada para disparo.

En el caso de Fabián Chaur Torres, la policía lo detuvo a bordo de su vehículo particular, en el cual llevaba 90 kilos de cable de cobre de origen ilícito en el portamaletas. Parte del cableado había sido sustraído a la empresa Frontel.

En el caso de Lany Rojas Valera, se constató que mantenía en el local de chatarra de su propiedad, 13 kilos de cobre quemado, avaluados en $200.000 y cuyo dueño era la empresa Telefónica Chile, y 2,7 kilos de tendido eléctrico de distribución de la empresa Frontel, avaluados en $14.000.

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