El presidente de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, ministro Hernán Cárdenas, junto al ministro encargado de Derechos Humanos de la jurisdicción, Jaime Rojas y el fiscal judicial Rodrigo Padilla, encabezaron la segunda reunión interinstitucional convocada con el fin de generar medidas que permitan mejorar la situación crítica que registra el Centro Penitenciario de Calama, debido a altos niveles de hacinamiento y a la antigüedad de la infraestructura.

En la instancia participaron representantes de diversas instituciones encabezados por la delegada presidencial de Antofagasta, Karen Behrens; la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Trissy Figueroa; la defensora regional (s), Claudia Nievas; el director regional de Gendarmería, coronel Rodrigo Salinas; el jefe de la Segunda Zona de Carabineros, general Cristian Montre; el jefe de la región policial, prefecto Jorge Aguillón, y representantes del Ministerio Público y del Instituto de Derechos Humanos.

En la reunión se analizó el avance de las medidas acordadas en la primera cita realizada en Calama el pasado 19 de mayo, que apuntaban en primera instancia a traslado de internos a otros centros penitenciarios y atenciones médicas regulares ante brotes de varicela y tuberculosis registrados en varios módulos.

“La idea de esta segunda reunión fue analizar los avances que se han ido materializando en los últimos dos meses, tras los acuerdos que se alcanzaron en la primera reunión que tuvimos en Calama y donde Gendarmería de Chile junto a la seremi de Justicia comprometieron varias medidas para disminuir el nivel de hacinamiento que se presentaba en el Centro de Detención Preventiva de Calama”, destacó el presidente de la Corte, Hernán Cárdenas.

Entre los acuerdos se estableció la gestión de traslado de internos a otros centros penitenciarios de la región, lo que ha permitido disminuir la población en un 4%, pese a los ingresos que mantienen al alza.

También se avanzó en las atenciones de salud de la población penal y se está desarrollando un plan de trabajo que permita disminuir el número de internos, que hoy supera en más de un 200% la capacidad del recinto penitenciario.