La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad entablado por el Servicio de Registro Civil e Identificación en contra de la resolución, dictada por el Consejo para la Transparencia (CPLT), que le ordenó entregar la información sobre solicitudes de duplicados de placas patentes.

En fallo unánime (causa rol 733-2024), la Decimocuarta Sala del tribunal de alzada –integrada por la ministra María Teresa Díaz, el ministro Juan Ángel Muñoz López y la ministra Andrea Soler– descartó que los datos solicitados por ley de transparencia estén sujetos a causal de reserva o secreto.

“Que, dirimido lo anterior, corresponde examinar si respecto de la información requerida, consistente en un listado de las PPU duplicadas durante el mes de marzo de 2024, se configura la causal de reserva del artículo 21, Nº2 de la Ley de Transparencia, acreditándose que su publicidad afecta algunos de los bienes jurídicos protegidos en conformidad a lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución. Al respecto, esta Corte comparte lo sostenido por el Consejo para la Transparencia en cuanto a que no se configura la causal de reserva alegada”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que: “En efecto, la información solicitada, por sí misma, no constituye un dato personal o sensible, ni tampoco la recurrente ha acreditado de qué forma con su publicidad, comunicación o conocimiento se produce una afectación presente, probable y específica de la vida privada de los propietarios de los vehículos, máxime si se considera que con la sola información de la placa patente –que en sí mismo en un dato público–, cualquier ciudadano puede acceder y obtener una cantidad incluso mayor de datos respecto del vehículo y sus propietarios, de los que solicita la requirente en su petición de información. Del mismo modo, esta Corte no avizora vulneración alguna al principio de igualdad de trato ni la existencia de una discriminación arbitraria en tanto, tratándose de información pública, todas las personas se encuentran en las mismas condiciones y tienen el mismo derecho de acceso a esta información a través del sistema de transparencia pública”.

“Fuera de lo anterior, cabe consignar que este asunto ya ha sido resuelto previamente por esta Corte en diversas oportunidades, volviendo el Servicio de Registro Civil e Identificación a plantear la misma controversia respecto a la reserva de esta información, cuestión que ha sido rechazada en dichos pronunciamientos por argumentos que esta Corte comparte plenamente. Así, al efecto, resolviendo un reclamo de ilegalidad que versó sobre la entrega de un listado de PPU respecto de las cuales se haya solicitado duplicado entre el 1º de mayo y el 22 de julio de 2022, se ha sostenido que ‘(…) la información referida a la placa patente de un vehículo motorizado –original o duplicada–, es sobre una cosa, y no sobre una persona ni respecto de sus atributos, derechos, vida privada, ni aspectos confidenciales de su existencia, de manera que no puede estar sujeta al estatuto de derechos y garantías propios de esta. (…) Se agrega a lo anterior que los datos asociados a una placa patente única son públicos y cualquiera puede acceder a ellos, incluso por medios electrónicos. Así, con el solo antecedente de la placa única se obtiene información sobre la marca, modelo, año de fabricación, color, número de motor, número de chasis, nombre y rut del propietario, limitaciones al dominio y antecedentes de anteriores dueños del vehículo, por lo que no resulta comprensible que, pese a todo ello, el antecedente de haberse otorgado un duplicado de placa patente sea secreto o confidencial’ (Corte de Apelaciones de Santiago, Rol Nº171-2023). En línea similar, en reclamo de ilegalidad sobre la entrega de un listado similar entre el 1º de enero y el 31 de junio de 2023, se ha señalado que la PPU ‘(…) constituye un dato que identifica e individualiza a un vehículo, y no constituye, en términos general, un dato personal, mientras no sea posible vincularlo a una persona identificada o identificable’ (Corte de Apelaciones de Santiago, Rol Nº21-2023) sin que –y al igual que ocurre en este caso–, el Servicio haya acreditado, ni la Corte haya podido avizorar de qué manera la entrega de la información podría afectar de manera real y efectiva los derechos de terceros”, produce el fallo.

Asimismo, el fallo consigna: “Que, en lo que respecta a la causal del artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia, en relación con el deber de reserva del artículo 45 de la Ley Orgánica del Servicio y la obligación de secreto del artículo 7 de la Ley sobre Protección de la Vida Privada, es posible advertir, que el mencionado artículo 45 de la Ley Orgánica del Servicio no constituye una causal de reserva, sino que contempla únicamente un deber funcionario de confidencialidad o prohibición de divulgar la información a que pueden tener acceso quienes desempeñan funciones en el Registro Civil y, por tanto, no tiene un alcance institucional que obligue al órgano requerido. En otros términos ‘(…) la norma invocada por la parte reclamante solo consagra un deber funcionario, es decir, una obligación o prohibición a quien se desempeña en el Registro Civil de divulgar la información de que se imponga con motivo u ocasión del desempeño de su función pública obviando los procedimientos que sus estatutos contemplen para la entrega de la misma, pero en caso alguno para hacerlo cuando ello es consecuencia o efecto de la decisión de una corporación autónoma de derecho público, como lo es el Consejo para la Transparencia, que luego de observar el procedimiento que el legislador ha contemplado al efecto, decide en el ejercicio de su competencia disponer que la información de que se trate sea proporcionada’ (Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N°546-2023 y Rol N°12-2024 y Corte Suprema, Rol Nº14.642-2017)”.

Para el tribunal de alzada: “De esta forma, en relación con el mencionado deber de reserva, por lo expuesto, este reclamo de ilegalidad no puede prosperar”.

“Que, en consecuencia, en el caso en examen no se configuran las causales de secreto o reserva alegadas por el Registro Civil para no entregar la información que le ha sido requerida, por lo que lo decidido por el Consejo para la Transparencia se ajusta a lo dispuesto en la legislación que regula esta materia”, concluye.