En representación del presidente de la Corte Suprema, el ministro del máximo tribunal Leopoldo Llanos recibió el Informe Anual del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) de Chile, en el que se informan hallazgos críticos en relación con las condiciones que enfrentan personas que están bajo el cuidado o custodia estatal permanente.
El acto de presentación del Cuarto Informe Anual del CPT contó con la presencia de autoridades de los tres poderes del Estado, representantes del mundo académico, organismos internacionales, cuerpos policiales e instituciones de derechos humanos.

Además del ministro Llanos, estuvieron el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Francisco Chahuán; las diputadas Helia Molina y Ana María Gazmuri y de la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro. Además del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Yerko Ljubetic Godoy,  la general inspector de Carabineros y jefa de zona Metropolitana, Karina Soza Muñoz; el inspector general y prefecto general de la PDI, Erwin Cler Gavilán y representantes del Sistema de Naciones Unidas, como Jorge Contesse, miembro del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas,   y  Marco Feoli, jefe del Grupo Regional de las Américas del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU. 

El Informe da cuenta hallazgos críticos en relación con las condiciones que enfrentan personas que están bajo el cuidado o custodia estatal permanente; señala severas debilidades en materia de atención de niñas, niños y adolescentes en centros de protección y de justicia juvenil, de personas con diagnósticos de salud mental, personas mayores, régimen penitenciario y policial, apuntando a falencias estructurales que ponen en riesgo la integridad y dignidad de miles de personas.

Durante 2024 recorriendo residencias, hospitales psiquiátricos, cárceles y centros de detención y cuidado a lo largo de Chile, este organismo estatal especializado en prevención de la tortura y los malos tratos presenta un panorama complejo: pese a que las instituciones colaboran activamente en introducir reformas, persisten condiciones que atentan contra los tratados internacionales.

Entre agosto de 2023 y diciembre de 2024, el CPT realizó más de 100 visitas preventivas que cubrieron 13 de las 16 regiones del país, revelando tanto avances significativos como zonas críticas que requieren intervención urgente.

Se constataron situaciones de especial preocupación, como aislamientos prolongados en recintos penitenciarios, ausencia de intervenciones ante el consumo problemático de sustancias de niñas, niños y adolescentes, el uso abusivo de contenciones mecánicas en unidades (recintos de custodia) para personas con diagnósticos de salud mental involucrados en procesos judiciales, restricciones arbitrarias al contacto familiar o la falta de acceso efectivo a atención de salud.

El Comité destaca que estas prácticas se concentran y agravan su impacto en poblaciones especialmente vulnerables como personas con diagnóstico de salud mental, mujeres gestantes, personas mayores, niñas, niños, y adolescentes, migrantes y personas de la diversidad sexo genérica.

“El problema no se resuelve solo sancionando abusos individuales. Se trata de transformar las estructuras, normas y prácticas que permiten que estas vulneraciones ocurran”, afirma el CPT. 

El documento incluye cuatro capítulos que abordan el monitoreo institucional, los factores de riesgo, el seguimiento a recomendaciones anteriores y las proyecciones del CPT.