La ministra de la Corte Suprema y encargada del Subcomité de Acceso a la Justicia de Personas y Grupos Vulnerables, Jessica González, participó en el conversatorio “Acceso a la justicia y discapacidad. Experiencias, buenas prácticas e intereses de formación en Latam”, organizado por la Facultad de Derecho y Humanidades de la  Universidad Central y la Plataforma Justicia y Democracia en las Américas (Justice Americas) y patrocinado por el Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (CDPCD, 2006) reafirma la necesidad de lograr una verdadera igualdad y no discriminación y acceso efectivo e inclusivo de las personas con discapacidad.

En ese contexto y con el fin de contar con un diagnóstico participativo de los actores del sistema de administración de justicia en esta materia, se realizó esta jornada de intercambio dirigido a conocer las experiencias de los países participantes en materias de acceso a la justicia, con énfasis en niñas y mujeres con discapacidad, principales discriminaciones y buenas prácticas implementadas.

Tras la presentación del tema, a cargo del director de la Fundación Justicia y Género de Costa Rica, Rodrigo Jiménez, se inició un conversatorio en el que participó la ministra Jessica González y la ex magistrada del Poder Judicial de México, Elsa Cordero.

Las integrantes del panel, moderado por la jefa del departamento de Derechos Humanos y Seguimiento Legislativo de Senadis, María Pilar Iturrieta, dieron a conocer las políticas, programas y proyectos de formación existentes en los poderes judiciales respectivos.

En términos generales, la ministra González subrayó el compromiso institucional del Poder Judicial con la suscripción de las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad (2008) y la aprobación del Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para mejorar el Acceso a la Justicia de Personas y Grupos Vulnerables (2014) y del proyecto “Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables” (2015), del cual se destaca como producto el “Protocolo de Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables” entre los cuales están las personas con discapacidad y que busca fortalecer a la institución en la efectiva atención y respuesta a sus necesidades a través de una guía de actuación judicial.

Asimismo, destacó la existencia de un subcomité de Acceso a la Justicia de Personas y Grupos Vulnerables dentro de la Corte Suprema (2020);  la firma de un  convenio de cooperación -a través de la Corporación Administrativa del Poder Judicial- con Senadis (2012); de un sistema de traducción en línea que cuenta con intérpretes en lengua de señas para personas con discapacidad auditiva y  un servicio de autoconsulta para personas con discapacidad visual en sitios web del Poder Judicial;  de la estandarización de señalética y una  minuta técnica de aplicación de accesibilidad universal en proyectos de infraestructura, entre otras acciones.

Respecto de los obstáculos que enfrentan las mujeres con discapacidad, la ministra mencionó la falta de programas de capacitación continua a miembros de la judicatura. Agregó que tampoco se respeta el derecho a la capacidad jurídica como a mantener el control de su salud reproductiva, a elegir dónde y con quién vivir, a fundar una familia, a controlar sus asuntos económicos, o a la integridad física y mental.  En materia de violencia, señaló que temen denunciar explotación o abuso por temor a perder el apoyo de los cuidadores.

Sobre las iniciativas del Poder Judicial para promover la formación en materia de inclusión y acceso a la justicia, la ministra de la Corte Suprema destacó la incorporación de contenidos sobre discapacidad en los cursos impartidos por la Academia Judicial, ya sea en los programas de formación, capacitación y perfeccionamiento.

Finalmente, la magistrada dijo que, si bien se ha hecho un arduo trabajo, aún quedan asuntos pendientes para mejorar. “Durante este año se proyecta trabajar en la sensibilización y capacitación en jueces de competencia civil en materia de interdicción y cómo en su labor deben tenerse en consideración los estándares internacionales de derechos humanos (…) igualmente se debe seguir trabajando con las personas con discapacidad que sufren de violencia, especialmente tratándose de mujeres y niñas, para no continuar revictimizándolas  y con las personas con discapacidades de índole cognitiva o intelectual que han cometido delitos, respecto de los cuales se debe realizar un análisis integral, multidisciplinario y basado en un enfoque de derechos humanos al momento de evaluar su peligrosidad o necesidad de internación, la que siempre debe ser de índole excepcional”, concluyó.