Una reunión de trabajo sostuvo -este lunes 21 de julio- la presidenta (S) de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, con la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Reunión Pacífica, Gina Romero.

La alta funcionaria internacional se encuentra culminando su visita al país, interesada en los mecanismos de ejercicio y protección de estos derechos.

En el encuentro también participaron el embajador Tomás Pascual y los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Vanessa Asensio Pérez y Felipe Caicedo.
 
La ministra Chevesich estuvo acompañada del director de Estudios de la Corte Suprema, Alejandro Soto; la directora de Comunicaciones, Lucy Dávila;  y la secretaria abogada Vesna Matulic.

El propósito de la visita de la relatora Romero fue examinar la situación en Chile en relación con diferentes aspectos relacionados con su mandato y presentar conclusiones y recomendaciones al respecto al Consejo de Derechos Humanos. En particular, en la audiencia consultó sobre el estado de las causas de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el periodo del estallido social y la normativa sobre reunión y manifestaciones que existen en el país.

Su misión en Chile se centró en los siguientes temas:

• El análisis de la implementación del marco legislativo vigente para garantizar el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación;

• Los procedimientos, medidas prácticas, y preparación institucional para la celebración de manifestaciones pacíficas -incluidas las espontáneas-, así como las cuestiones de autorización y el acceso al espacio público, así como las restricciones jurídicas y prácticas al ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica;

• La facilitación de manifestaciones por parte de instituciones y personas funcionarias encargados de hacer cumplir la ley, así como el mecanismo de control interno y externo en caso de uso indebido de la fuerza por parte de estas personas, incluyendo estructuras de mando, planeación de operativos, evaluación de amenazas y riesgos situacionales, entre otros;

• La promoción y protección de los derechos humanos durante las manifestaciones, incluyendo el impacto de narrativas públicas en la acción de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y otros actores públicos, incluyendo legisladores/as, y en la aceptación/rechazo del ejercicio de reunión y asociación por el público en general. Lo anterior tiene en cuenta el análisis sobre posibles efectos disuasivos, desincentivadores o de enfriamiento en el ejercicio de las libertades de reunión y asociación;

• Acceso a la justicia por violaciones de los derechos a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación, y a la reparación integral, incluyendo medidas de satisfacción y de garantía de no repetición;

• Grupos en situación de vulnerabilidad a la hora de ejercer o intentar ejercer los derechos a la libertad de reunión pacífica y la libertad de asociación, entre ellos: las personas con discapacidad; la niñez y juventud; las mujeres; las minorías sexuales; los pueblos indígenas; migrantes, etc.