El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción condenó a Julio Eliecer Muñoz Fuentes a la pena de 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva por igual lapso, en calidad de autor de dos delitos de obtención fraudulenta de prestaciones estatales, uno consumado y el segundo frustrado, en concurso medial con falsificación de instrumento público. Ilícitos perpetrados en diciembre de 2022 y enero de 2023, en la comuna.

En fallo unánime (causa rol 6-2025), el tribunal –integrado por los magistrados Claudia Andrea Vásquez Guíñez (presidenta), Carmen Gloria Durán Vergara y Jaime Rodrigo Véjar Carvajal (redactor)– dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que en octubre del 2022. “(…) MUÑOZ FUENTES fue contratado como funcionario a honorarios de la Delegación Presidencial Regional del Bío Bío, ubicada en calle Aníbal Pinto n°442 en la comuna de Concepción, para desempeñarse como jefe de gabinete de la delegada presidencial, Sra. DANIELA DRESDNER VICENCIO. Las funciones que MUÑOZ FUENTES debía ejecutar como jefe de gabinete de la delegada eran las de llevar la agenda de trabajo de la Delegación; realizar un trabajo político asociado con mantener las relaciones con las autoridades regionales; mantener la relación interna con los funcionarios y las demás que indicara la propia delegada, quien ejercía el rol de superior jerárquico y directo de MUÑOZ FUENTES.

Los honorarios acordados eran por el monto bruto de $3.262.500, y uno líquido de $2.862.844. El pago de los honorarios debía realizarse previa entrega de un informe de desempeño elaborado por el funcionario respectivo, donde se describieran las actividades realizadas y productos logrados dentro del mes correspondiente, el cual debía de ser suscrito por el mismo funcionario y por el supervisor, labor que en este caso le correspondía a la delegada presidencial regional, Sra. DANIELA DRESDNER VICENCIO quien además estampaba el timbre de la respectiva Delegación. Firmados los informes, se enviaban al Departamento de Remuneraciones, junto a la demás documentación requerida, como la boleta de honorarios que debía de emitir el funcionario y luego se procedía al pago respectivo.

En diciembre de 2022, “(…) MUÑOZ FUENTES presentó un informe correspondiente al desempeño del mes de diciembre de 2022, dando cuenta de actividades supuestamente realizadas en ese periodo a objeto de poder recibir su remuneración. Sin embargo, el imputado faltó a la verdad en la narración de los hechos consignados en el informe, por cuanto dio cuenta de actividades y labores que nunca fueron ejecutadas, induciendo a error a la delegada presidencial, quien procedió a suscribir el informe, generándose posteriormente el pago de honorarios por un monto bruto de $3.262.500, equivalente a 53,34 UTM, por parte de la Delegación Presidencial Regional del Biobío, suma que se pagó mediante abono en cuenta corriente de titularidad de MUÑOZ FUENTES desde la cuenta de la Delegación Presidencial en el BANCO ESTADO”, añade.

Luego, prosigue, a fines de enero del 2023. “(…) MUÑOZ FUENTES presentó un informe correspondiente al desempeño del mes de enero de ese año, dando cuenta de actividades y productos supuestamente realizados en ese periodo a objeto de poder recibir su remuneración. Sin embargo, el imputado faltó a la verdad en la narración de los hechos consignados en el informe, por cuanto dio cuenta de actividades y labores que nunca fueron ejecutadas. Posteriormente, el imputado usó, sin la debida autorización, el timbre tipo facsímil que contiene la firma de la delegada presidencial, para suscribir el informe a nombre de ella, y luego procedió a remitirlo al Departamento de Remuneraciones, con el objeto de obtener el pago de la suma total de $3.262.500, equivalente a 52.81 UTM. Sin embargo, al descubrir funcionarios de la Delegación la presentación de un informe que contenía labores que no se habían ejecutado y en el cual el imputado usó la firma facsímil de la delegada sin autorización, suponiendo la suscripción del documento por parte de la misma, suspendieron el pago”.

“De acuerdo con lo anterior, el imputado Muñoz obtuvo en forma fraudulenta de parte del Fisco de Chile, la suma de $3.262.500, equivalentes a 53,34 UTM, mediante la suscripción de informe falso respecto de labores que nunca se realizaron en el mes de diciembre de 2022, generando un perjuicio estatal por la misma cantidad señalada precedentemente. Asimismo, efectuó todas las maniobras engañosas antes descritas, para obtener el pago de honorarios durante el mes de enero de 2023, frustrándose su cometido, por cuanto ello fue descubierto por la entidad pagadora, no generándose el pago de la suma de $3.262.500, equivalentes a 52.81 UTM”, añade.

El tribunal aplicó, además, a Fuentes Muñoz las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.