El Juzgado de Garantía de La Serena decretó el alzamiento del secreto bancario de P.D.B.B. ex funcionario de la Seremi de Minería de la Región de Coquimbo, imputado por el Ministerio Público como autor de cuatro delitos reiterados de fraude al fisco y organismos del Estado por un monto de $72.200.000. Ilícitos perpetrados en 2020.

En la audiencia de formalización, el magistrado Alain Maldonado Liberona, a solicitud de la fiscalía, dejó P.D.B.B.  sujeto a la medida cautelar de arraigo nacional. Además, fijó en 100 días el plazo de investigación.

Al resolver el alzamiento, el juez Maldonado Liberona sostuvo que: “El tribunal autoriza a que derechamente el Ministerio Público obtenga desde los bancos requeridos, cuenta de la recepción de dineros y su procedencia, como de las salidas de dineros y su destino, para lo cual las instituciones bancarias remitan directamente a la fiscalía las correspondientes cartolas bancarias con los movimientos de saldos, depósitos, transferencias y giros de los períodos señalados, 20 de enero de 2020 hasta el 24 de septiembre de 2020, ambos días inclusive, y de los destinatarios de las transferencias electrónicas de dinero efectuadas por el imputado”.

Según el ente persecutor, el 6 de enero de 2020, desde la Secretaría Regional Ministerial de Minería de Coquimbo, se entregaron fondos públicos mediante giro de cheques por la suma de $103.500.000 al “Sindicato de Trabajadores Independientes de Pirquineros Nueva Esperanza”, con la finalidad de financiar el mejoramiento de UNA planta minera gravimétrica de oro de la comuna de Canela, proyecto desarrollado por la empresa Sociedad de Servicios a la Minería Portilla Hermanos Limitada.

En dicho contexto, P.D.B.B., funcionario a honorarios de la Seremía de Minería, fingió representar al secretario regional ministerial y, prevaliéndose del conocimiento de la información institucional, engañó a los directivos del sindicato de pirquineros para que generaran en sucursales de BancoEstado cuatro vales vista endosables con los recursos recibidos de la repartición pública y, posteriormente, realizó tres cobros en la sucursal del banco Ovalle por $42.700.000, $14.000.000 y $11.500.000, el 20 de enero, el 5 de junio y el  7 de abril de 2020, respectivamente; en tanto, el 23 de septiembre cobró el cuarto vale vista por $4.000.000 en la sucursal de Los Vilos; apropiándose de la suma total de $72.200.000 en perjuicio al patrimonio fiscal.