Alrededor de 300 personas participaron -presencialmente y vía zoom- en la “Primera Jornada de Psiquiatría Forense de la macrozona sur”, desarrollada en el Salón de Pleno “ministro Eleodoro Ortiz Sepúlveda” de la Corte de Apelaciones de Concepción.

La actividad, organizada de manera conjunta entre el tribunal de alzada penquista y los servicios de salud de Ñuble, Talcahuano, Arauco, Concepción, Biobío y Araucanía Norte, buscaba vincular el sector judicial con el sanitario, a través de una capacitación que discutiera el problema de las personas con enfermedades mentales, imputadas en procesos judiciales.

El seminario contó con las exposiciones de la ministra de la Corte de Concepción Carola Rivas Vargas, sobre “Desafíos de la psiquiatría forense desde la perspectiva de género”. Además, contó con las ponencias de Mauricio Gómez , de la Subsecretaría de Salud Pública y Carla Retamales, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, sobre “Antecedentes nacionales y locales desde una perspectiva de derechos humanos: la psiquiatría forense inserta en la red temática de salud mental.

Además, la actividad consideró un panel de experiencias territoriales de unidades de psiquiatría forense, con la participación de los médicos Sonia Méndez y Nathan Arenas y el abogado Cristián Magnan.

“Implementamos esta jornada a partir de la necesidad detectada de vincular el sector salud y el sistema de justicia penal, debido a que se tomó la determinación de trabajar en mesas para buscar soluciones a la situación de los imputados con una presunta enfermedad mental, asimilable a locura o demencia, que requieren atención especializada, tratando de dar respuestas más pertinentes y oportunidades a su situación procesal”, comentó la secretaria de la Corte, Aylin Schröeder Chiguay.

La abogada agregó que lo relevante de la capacitación es permitir que los magistrados cuenten con mejor información para la toma de decisiones judiciales.

“Nos han incluido como región piloto para implementar el informe preliminar y estamos trabajando en los protocolos y convenios necesarios para darle curso, ello permitiendo dotar a los jueces de un importante insumo como la opinión de un médico especializado para decidir sobre medidas cautelares y sobre la continuación del procedimiento”, cerró Aylin Schröeder.