El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete condenó a Peter Alejandro Muñoz Ortiz a 13 años de presidio efectivo, más las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, en calidad de autor del delito frustrado de femicidio. Ilícito perpetrado en diciembre de 2022, en la comuna de Lebu.

En fallo unánime, el tribunal –integrado por los magistrados Lathy Pérez Quilodrán (presidenta), Carolina Meza Saldía y Marcos Pincheira Barrios (redactor)– condenó, además, a Muñoz Ortiz a 540 días de reclusión y la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como autor del delito consumado de amenazas simples.

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que alrededor de las 22 horas del 8 de diciembre de 2022, Peter Alejandro Muñoz Ortiz estaba en un domicilio en la comuna de Lebu, en compañía de su conviviente, S.C.Q.L., y del tío de su pareja, J.T.H. En dicho contexto, Muñoz Ortiz sostuvo una discusión con su cónyuge, a quien agredió con una patada en el pecho y la orinó. Posteriormente, la agredió con un cuchillo en la espalda. La víctima intentó arrebatarle el arma, por lo que resultó con cortes en los dedos. 

La agredida trató de escapar, pero fue perseguida por Muñoz Ortiz, quien la hirió en el brazo izquierdo con un hacha. J.T.H. intentó defender a la víctima, pero fue amenazado de muerte por Muñoz Ortiz, por lo que optó por huir del inmueble para solicitar ayuda de Carabineros.

A consecuencia de la agresión, la víctima, según el dato de atención de urgencia del Hospital Santa Isabel de Lebu, resultó con lesiones de carácter reservado, por lo que fue trasladada al hospital de Curanilahue, centro asistencial donde se le diagnosticaron lesiones de carácter graves, por lo que quedó internada.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e incorporación en el registro nacional de ADN de condenados.