El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica condenó hoy –viernes 30 de mayo– a C.A.T.M a la pena única de 17 años de presidio efectivo, más las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, en calidad de autor de los delitos consumados y reiterados de abuso sexual de menor de 14 años y estupro y violación de menor de 14 años de edad. Ilícitos perpetrados desde 2018, en la ciudad.

En fallo unánime, el tribunal –integrado por los magistrados Sergio Álvarez Cáceres (presidente), Mario Reyes Trommer (redactor) y Mauricio Petit Moreno– condenó, además, a C.A.T.M. a la pena de 300 días de presidio y la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como autor del delito consumado de aborto.

Asimismo, el tribunal impuso al condenado las accesorias especiales de interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa; la sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena principal, y la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con menores de edad.

Y como medida de protección de la víctima, C.A.T.M. no podrá visitar el domicilio, lugar de trabajo o estudio de la víctima o de aproximarse a la víctima, por el tiempo de condena.

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que en 2018, la víctima de entonces 9 años se encontraba bajo la custodia de una tía materna y su conviviente, el acusado C.A.T.M. en el inmueble que habitaban, lugar donde, en una fecha indeterminada, el sentenciado le realizó actos de significación sexual y relevancia, lo que reiteró hasta que la menor cumplió 11 años de edad.

Asimismo, en julio de 2023, cuando la niña tenía 13 años de edad y se encontraba en su domicilio ubicado en el valle de Azapa, el acusado tras una actividad en un colegio, ingirió alcohol y violó a la menor. Violación que reiteró cuando la niña tenía 14 años, en una fecha indeterminada de 2024. La víctima resultó embarazada y, al enterarse el acusado, adquirió pastillas abortivas y las entregó a la adolescente para que causara la interrupción del embarazo, presionándola con que tenía solo dos opciones: mentirle a su tía y decirle que tenía pololo y que con este había mantenido relaciones sexuales o tomar las pastillas.

En dicho contexto, la menor siguió las indicaciones que le dio el acusado, tomó las pastillas, interrumpió el embarazo y enterró al feto en un sector del cerro Chuño.