El Juzgado de Garantía de La Serena dejó hoy –miércoles 28 de mayo– sujetos a la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional a la exintendenta del Gobierno Regional de Coquimbo (GORE) Lucía Pilar Pinto Ramírez, imputada por el Ministerio Público como autora del delito de fraude al fisco, y al exadministrador del organismo José Cáceres Rojas, imputado por fraude al fisco y negociación incompatible. Ilícitos perpetrados entre 2019 y 2020 en la comuna, por la adquisición con sobreprecio de un terreno para construir un centro deportivo comunitario financiado con fondos públicos por $9.800.000.
En la audiencia de formalización (causa rol 51-2021) que se extendió por tres jornadas, la jueza Carolina Baroncini Gálvez estimó, además, respecto al coimputado por fraude al fisco Pablo Bracchitta Krstulovic, que no existían suficientes presunciones fundadas de participación en el ilícito, por lo tanto, no se le impusieron medidas cautelares.
Al resolver las cautelares, la magistrada Baroncini Gálvez resolvió que: "es posible tener por justificada la existencia de un delito fraude del fisco en el sentido que, más allá del establecimiento exacto del perjuicio entiende el tribunal que, de todas maneras, habría existido este al momento en que se contrata, toda vez que el plan regulador aún no se encontraba vigente y toda vez que, de todas maneras, lo que puede desprenderse del actuar en particular del imputado José Cáceres y de doña Lucía Pinto es que aún así, existiendo este antecedente, existiendo estas tasaciones, de alguna manera le resta importancia y se decide derechamente irrogar este gasto al Gobierno Regional que, muy probablemente,  en ese momento, considerando que todavía no se aprobaba el plan regulador, eso podría haber sido de todas maneras una compra que tuviera un precio menor. 
"Sí le parece al tribunal que, en este caso al momento de la contratación, el hecho de no haber tomado en cuenta estas tasaciones no obstante ello contratar con perjuicio estatal conforme a lo que dispone el artículo 239 para los efectos de considerar las medidas cautelares solicitadas por el ministerio público es posible tenerlo por justificado", agregó.
En la causa, el tribunal accedió a las cautelares solicitadas por la fiscalía, con el acuerdo de todas las partes, y dejó con firma mensual y arraigo nacional a Lorenzo Iduya Ortiz de Lurzuriaga, Nicolás Bakulic Govorcin, Karim Daire Daud y Manuel Daire Daud, imputados por delito tributario; y a Luis Iver Hudson, como cómplice de dicho delito. Además, fijó en 180 días el plazo de investigación.
Asimismo, el tribunal dio a lugar a lo solicitado por las defensas y excluyó de la causa a los querellantes particulares, el senador Daniel Núñez Arancibia y el concejal Camilo Alejandro Araya Plaza, por considerar que representan los mismos intereses que el Consejo de Defensa del Estado.
Según el ente persecutor, en 2019, con el conocimiento y consentimiento de Pinto Ramírez, intendenta del Gobierno Regional de Coquimbo, Cáceres Rojas, administrador de la entidad, condujo el proceso de compra y promovió la adquisición que llevó adelante y concretó el GORE con cargo al presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)  de seis lotes ubicados en la avenida San Ramón, en el sector El Milagro de la comuna de La Serena, los que fueron vendidos por las sociedades representadas por el coimputado Bracchitta Krstulovic.
Adquisición que provocó un perjuicio patrimonial al pactarse a valor futuro que, a la fecha en que se obligó a su pago –octubre de 2019 (primera escritura de compraventa) y julio de 2020 (segunda escritura de compraventa)– tenían un valor no superior a los  $4.000.000.000, tal como se consignó en las primeras tasaciones; sin embargo, se pagó un total de $9.800.000.000, en atención a normas urbanísticas no aprobadas. 
La compraventa se realizó pese a que la Contraloría Regional de Coquimbo, en el marco del proceso de control de legalidad o toma de razón, objetó en cuatro oportunidades, entre enero y junio de 2020, la resolución administrativa que autorizó el trato directo.
Asimismo, Cáceres Rojas conocía desde 2016 a Bracchitta Krstulovic y tenían una relación comercial con el grupo compuesto, además, por Iduya Ortiz de Luzuriaga, Bakulic Givorcin, Karim Daire Daud y Manuel Daire Daud, dueños y controladores de las sociedades inmobiliarias propietarias y enajenantes de los lotes vendidos.
En dicho contexto, Cáceres Rojas desplegó ante diversos funcionarios y organismo que intervinieron en el proceso, en el ámbito de sus atribuciones y competencias y con infracción a los deberes de su cargo, un conjunto de acciones y omisiones fraudulentas orientadas a concretar la compra, a través de trato directo, y con el consentida de Pinto Ramírez.
En tanto, en abril de 2021, Lorenzo Iduya Ortiz de Lurzuriaga, Nicolás Bakulic Govorcin, Karim Daire Daud y Manuel Daire Daud, asesorados por el imputado Iver Hudson, presentaron declaraciones anuales de impuesto a la renta maliciosamente falsas, que tuvo por objetivo disminuir la base imponible del impuesto a la renta de primera categoría que debían enterar en arcas fiscales, el cual se generaría con ocasión de la enajenación de bienes raíces que formaban parte del activo de las empresas correspondiente a los terrenos que fueron vendidos al Gobierno Regional de Coquimbo, mediante escritura pública del 3 de julio de 2020 en la suma total de $9.800.000.000.