Una nueva sesión de trabajo sostuvo -en la mañana de este jueves 22 de mayo- el equipo encargado de la redacción del Código de Ética del Poder Judicial, que lidera la ministra de la Corte Suprema, Adelita Ravanales. En esta ocasión el grupo se reunió vía Zoom con el magistrado Eduardo Fernández, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de La Pampa, Argentina.

La conversación giró en torno a la experiencia del magistrado en su calidad de integrante de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial y de la Comisión de Ética del Poder Judicial de la Provincia de La Pampa.

En esa calidad, la autoridad comentó los avances del documento en elaboración en el Poder Judicial en Chile y respondió diversas consultas relativas a su experiencia elaborando dictámenes y resolviendo dudas sobre el comportamiento ético de los magistrados. Eduardo Fernández fue un entusiasta defensor de la idea de darle un carácter consultivo y orientador a la normativa ética en elaboración, separándolo taxativamente de los aspectos disciplinarios. Asimismo, se explayó sobre el concepto de la ética cordial, que permite analizar y sugerir vías de actuación a los magistrados sin amenazas de castigos o acciones punitivas.

El programa de la reunión -que incluyó a profesionales de las direcciones de Estudios, de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos y de Comunicaciones, además de las secretarias asistentes de la ministra Ravanales-, incluyó un análisis de las virtudes judiciales, reflexiones sobre la necesidad de incorporar un apéndice con conductas; la estructura y lenguaje del documento, la estructura y función del Consejo Ético, su designación y posibles forma de actuar: de oficio o a requerimiento del interesado, entre otras materias.

La ministra Ravanales señaló que estas reuniones de trabajo buscan conocer la realidad de las personas que tienen vasta experiencia en el tema, como el magistrado Fernández, “quien tiene una trayectoria de más de 40 años y que ha trabajado mucho en temas de  ética judicial. Es un estudioso de la filosofía y de los comportamientos humanos.  Hemos querido conocer  y él ha estado muy llano a compartir esta mañana. Queremos, a través de sus conocimientos, poder iluminar lo que va a ser el Código de Ética chileno”.

Respecto del proceso de elaboración, la ministra explicó que “ya tenemos un cuerpo que queremos mejorarlo. Ya tenemos una etapa de participación,  pero queremos que siga siendo ese el sello distintivo. Hacer una mixtura entre expertos nacionales e internacionales. Pensamos reunirnos con otras personas que tengan la expertise suficiente y además con los actores chilenos, que van a tener que ver este Código, para redactar un cuerpo que al final pueda satisfacer las necesidades éticas de los jueces chilenos”.

Por su parte el magistrado Fernández señaló sobre el trabajo que realiza en el tema ético es que obedece a la necesidad de tomar conciencia “de que teníamos que incrementar nuestra legitimidad de ejercicio de los jueces, por el deterioro que por distintas razones estaba afectando a la judicatura iberoamericana y a la argentina. La falta de independencia, de probidad. No es que uno busque la santidad de los jueces, sino que la población esté lo más tranquila posible respecto de que la persona que va a resolver su conflicto está en condiciones morales y jurídicas para hacerlo”.

Respecto del trabajo que se está desarrollando  en Chile, el magistrado lo valoró porque  “yo soy muy partidario de que los ordenamientos de ética sean independientes del plano disciplinario. Los ordenamientos de ética son una especie de dirección espiritual, de acompañamiento al juez, que está muy metido en la trinchera del conflicto, por lo que, para mantenerse incólume, para mantenerse bien, la herramienta de la ética, que uno la tiene incorporada antropológicamente, es la que lo va a ayudar a poder resolver el conflicto”.

En el marco del AD-1-2024, la Corte Suprema encomendó a la ministra Ravanales la elaboración y puesta en marcha de un plan de acción para diseñar, discutir y proponer un Código de Ética Judicial que resulte aplicable a todos los integrantes del Poder Judicial. En el encargo, el Pleno dispuso que la tarea debía ejecutarse de manera colaborativa, asegurando la participación de los distintos gremios, estamentos y expertos en la materia.