El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco Herrera, aseguró que la exclusión de la prueba ilícita  en el proceso penal no es una simple formalidad o capricho procesal, sino una herramienta destinada a la búsqueda de la verdad, con respeto a los derechos fundamentales y a los principios del sistema. Esta reflexión la hizo en una nueva ceremonia de juramento de abogadas y abogados. 

“Se hace, porque el proceso penal no puede convertirse en un terreno donde prime la fuerza o la liviandad en la obtención de la verdad por sobre el respeto a los límites establecidos por el ordenamiento jurídico. Tanto es así que la institución de la prueba ilícita abarca el control del actuar estatal y no solo se determina por acciones de fiscales o policías. Como se sabe, ella también incumbe, a las conductas realizadas por particulares, independientemente de su intención o buena fe”, explicó. 

“La legitimidad del proceso penal es un parámetro global que exige, sin excepción, que todos respeten las mismas reglas primordiales que garantizan que la justicia se imparta en igualdad de condiciones y bajo principios robustos. Esta amplitud no significa que cualquier vulneración procedimental pueda dar lugar a una exclusión probatoria. La mera existencia de una inconsistencia no implica necesariamente la invalidez absoluta de la evidencia obtenida. El respeto a las reglas es esencial, no obstante, en la prueba ilícita resulta básico establecer la trascendencia de la vulneración, y una relación de causalidad directa y específica entre la infracción cometida y la obtención de la probanza cuestionada”. 

Destacó la autoridad que estas exigencias, lejos de ser una complicación procesal innecesaria, son indispensables para preservar la racionalidad y justicia del ordenamiento penal. De lo contrario, se correría el riesgo de que cualquier desviación menor sea utilizada estratégicamente para entorpecer o invalidar procesos penales legítimos, lo que sería igualmente perjudicial para la justicia y para la confianza pública en el sistema.

“En una realidad donde los dilemas entre seguridad y libertad se producen todo el tiempo, ustedes deberán ser especialmente cuidadosos e inteligentes al navegar en esta coyuntura. Habrá ocasiones en que les tocará defender garantías en ámbitos intrincados; en otras, no menos enrevesadas, tendrán que justificar la eficacia de la legalidad contenida en decisiones complejas. Lo que no pueden olvidar es que el rol del abogado incumbe a todos los extremos. Solo así la juridicidad termina siendo la forma más civilizada de la justicia”, concluyó.