En dependencias de la Corte de Apelaciones de San Miguel se realizó la firma del convenio entre el tribunal de alzada y las universidades que participarán en la segunda versión del torneo de debates jurídicos entre estudiantes de Derecho, el que será dirimido por ministras, ministros y jueces de la jurisdicción, actividad programada para el segundo semestre de 2025.

El convenio forma parte del Plan de Difusión Jurídica de la Corte de Apelaciones de San Miguel y se trata de una iniciativa pionera con la finalidad de contribuir a  que los futuros abogados y abogadas del país puedan tener una formación más completa, logren elaborar argumentos y estrategias en materia de litigios  enfrentándose con la realidad y el funcionamiento de un tribunal de justicia, propiciar la interacción entre las universidades y el Poder Judicial para un mejor ejercicio del  derecho junto con compartir visiones entre el mundo académico y el jurisdiccional.

La ceremonia de firma del protocolo fue encabezada por la presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Catalina González Torres; el ministro encargado del Plan de Difusión Jurídica de San Miguel, Roberto Contreras Olivares, junto a la abogada del Plan, Paola Umanzor. La iniciativa sumó a dos nuevas casas de estudio al torneo, lo que permitirá hacer un repechaje por el tercer y cuarto lugar entre las diez universidades que competirán en esta ocasión

En tanto, por parte de las diez universidades que participarán en el torneo asistieron: Sebastián Bozzo (decano) e Ingrid Díaz (directora de Carrera Campus El Llano) de la Universidad Autónoma; Mauricio Torres (docente del Departamento de Teoría, Filosofía e Historia del Derecho) de la Universidad Diego Portales; Constanza Opazo y Matías Coddou (coordinador de Asuntos Estudiantiles) de la Pontificia Universidad Católica; José Luis Díaz (director de carrera de Derecho) y Alejandro Gómez (docente asesor) de la Universidad San Sebastián; Édgar Fuentes (docente asesor) de la Universidad de Los Andes; Cristóbal Contardi (docente asesor) y Macarena Fernández (encargada de Vinculación con el medio) de la Universidad Central; Marcelo Alvarado (docente asesor) y Gustavo Poblete (director de Departamento de Derecho Público) de la Universidad Alberto Hurtado; Ricardo  Pérez de Arce (subdirector del Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho) y Marcelo Oyharcabal (profesor de Clínica de Interés Público del Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho) de la Universidad de Chile; Carla Carreño (directora de Vinculación con el Medio) e Isabella Blanco de la Universidad del Desarrollo y Andrés Peñaloza (profesor de litigación) de la Universidad de Santiago (Usach).

El profesor Marcelo Oyharcabal de la Universidad de Chile comentó que “tanto el año pasado como este es un honor poder participar, es un honor que nos inviten y así que le agradecemos a la Corte. Como en el año pasado obtuvimos el primer lugar además es una responsabilidad de tratar de mantener el nivel de realizar el mismo trabajo que efectuamos el año pasado, que fue un trabajo bastante largo, con ensayos y con elección de los litigantes y otros temas más. Por lo tanto, para nosotros es muy importante volver a estar e insisto, un honor y una responsabilidad en resumen".

En tanto el ministro Roberto Contreras explicó que, “hemos tenido una actividad muy interesante en la Corte Apelaciones de San Miguel en esta segunda edición del torneo que vamos a realizar con las universidades del país en general, dado el número de universidades que están participando actualmente porque hemos aumentado desde ocho a diez universidades que participan en este debate. Además, hemos hecho una metodología un poquito más perfeccionada si se quiere, según lo hicimos el año 2024 que fue la primera edición y eso también le da un realce especial”.

"Pensamos incorporar inteligencia artificial en algún aspecto y elementos de metaverso porque queremos darle una aplicación tecnológica a este debate de tal manera que quienes participen vayan teniendo una aproximación a cómo pudieran eventualmente aplicarse estas nuevas tecnologías en el ámbito de la justicia", agregó.

"La verdad es que es una labor de relación con la academia que es vital, es vital desde la perspectiva de también lo que podemos nosotros incorporar en nuestro acervo, en nuestro quehacer, si se quiere, desde la perspectiva jurisdiccional, esta aproximación con los alumnos y con las universidades y desde la perspectiva académica, porque también puede servir para un mejor soporte en la enseñanza de la metodología de trabajo y en el ámbito práctico, no solo teórico, que deben hacer los alumnos de cada universidad para poder enfrentar después la vida en el quehacer jurisdiccional y profesional”, finalizó.