Por más de una hora, el Pleno de la Corte Suprema se reunió con el vicepresidente de la Corte Penal Internacional, Rosario Salvatore Aitala;  y el secretario de la entidad, Osvaldo Zavala Giler, oportunidad en que dialogaron sobre el derecho internacional y el rol de Chile ante el Tratado de Roma.

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco Herrera, agradeció la visita y destacó que el Pleno siempre está disponible para conversar sobre aspectos tan relevantes como el derecho penal internacional.

“Es un honor visitar esta institución tan importante, que lleva más de 200 años de historia protegiendo a los ciudadanos, derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho. Ha sido un encuentro muy importante sobre el valor en el sistema penal internacional y hemos intercambiado opiniones para fortalecer el trabajo que nosotros estamos haciendo y hemos explicado que la independencia y fuerza del Poder Judicial de Chile es muy importante para nosotros. Además, para la Corte Penal Chile es un país estratégico en la región”, dijo el vicepresidente de la Corte Penal Internacional, Rosario Salvatore Aitala.

La vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, destacó que fue una reunión muy provechosa: “Resultó una sesión muy interesante, el poder compartir con las autoridades de la Corte Penal Internacional, toda vez que nos permitió conocer el funcionamiento, la realidad actual, los tipos de ingresos que tiene la Corte, entre otras materias. Pudimos hacerles preguntas, por lo que ha sido una interesante reunión. Además, nos destacaron que Chile es un país estratégico para ellos en la región y que les interesaba mucho compartir con la Corte Suprema”.  

El Tribunal Penal Internacional, llamado también Corte Penal Internacional (CPI), es un tribunal de última instancia para el enjuiciamiento de crímenes graves internacionales, como el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad. Se rige por el Estatuto de Roma, adoptado en la ciudad italiana en julio de 1998 durante la Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional.