En el auditorio del Centro de Justicia de Santiago se desarrolló el conversatorio "Los desafíos de la cooperación eficaz en la ley 21.694", actividad organizada por la Asociación de Magistradas y Magistrados, Regional Santiago, con la participación de expositores del Poder Judicial, Fiscalía Nacional y Defensoría Penal Pública.

En la actividad se discutieron los retos y alcances de la “cooperación eficaz”, concepto contenido en la ley 21.694, una herramienta que fue perfeccionada para que un acusado de un delito entregue datos o informaciones precisas, verídicas y comprobadas que contribuyan al esclarecimiento de los hechos indagados, que permitan la identificación de sus responsables o sirvan para prevenir la perpetración o reiteración de otros ilícitos.

En virtud de esto, se puede ofrecer a los colaboradores compensaciones importantes, como penas más bajas, salidas alternativas e incluso impunidad, a cambio de información relevante.

Para la directora de la Asociación de Magistradas y Magistrados, Regional Santiago, la jueza del 7° Juzgado de Garantía Carolina Gajardo, “esta ley viene a manifestar todo un cambio de paradigma, por lo tanto, para su correcta aplicación se requiere primero que nada, establecer confianza en la institución, por lo tanto, tener confianza en las peticiones que haga el Ministerio Público, que el juez abandone esta idea de tener el control sobre el proceso, ya que en este caso va a estar más alejada su intervención en el reconocimiento de esta colaboración eficaz, dado que está limitada solamente cuando la solicitare en la etapa posterior a la condena”.

En este sentido, uno de los expositores, el juez de 2° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago Eduardo Gallardo, comentó que "lo que ha demostrado la experiencia comparada -particularmente la italiana y norteamericana- es que, para enfrentarse a la criminalidad organizada más completa, más robusta, es imprescindible contar con información, y las más de las veces esa información viene de la organización criminal por medio de personas que, por así decirlo, se arrepienten y se transforman en delatores que, a cambio de ciertas compensaciones o beneficios, están dispuestos a colaborar con el Estado".

Finalmente, la subdirectora de la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, Tania Gajardo, puso énfasis en aspectos desafiantes de la normativa, como la exigencia de un acuerdo de cooperación y lo que se debe hacer si se incumplen las cláusulas. “Qué pasa si una persona, por ejemplo, reclama ante el tribunal que se han incumplido las cláusulas de ese acuerdo, cómo se prueba eso, cuál es la participación del juez, porque además el juez está facultado para, por ejemplo, si incumple la letra de una salida anticipada, decretar un sobreseimiento definitivo, e incluso oficiar para que se le aplique una sanción administrativa a ese fiscal”, aseguró.

El conversatorio "Los desafíos de la cooperación eficaz en la ley 21.694” contó con un centenar de asistentes, en modalidad presencial y vía zoom, en su mayoría jueces penales, fiscales y defensores penales públicos.