La Corte de Apelaciones de Rancagua y la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos de la Corte Suprema realizaron una capacitación sobre la aplicación del Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas Mayores, dirigida a todos los integrantes de los tribunales de la jurisdicción.

Este protocolo fue elaborado por el Subcomité de Acceso a la Justicia de Personas y Grupos Vulnerables, que es encabezado por la ministra de la Corte Suprema, Jessica González Troncoso.

La actividad comenzó con unas palabras iniciales del presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, ministro Pedro Caro Romero, en que destacó la importancia de estas instancias en que se profundiza el respeto a los derechos de personas pertenecientes a grupo en situación de vulnerabilidad.

“Lo que busca esta capacitación es que todos tengamos conciencia de las barreras que enfrentan las personas mayores cuando acuden a los tribunales de justicia y conozcamos las herramientas que el Poder Judicial entrega para otorgar un servicio de calidad y accesible, teniendo en consideración las dificultades que enfrenta este grupo de ciudadanas y ciudadanos”, señaló el ministro Caro.

La primera exposición estuvo a cargo de la abogada Francisca Terminel Salinas, jefa de área de Cooperación Judicial Internacional de la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos de la Corte Suprema (DAIDH), unidad que la secretaría técnica del respectivo comité.

Posteriormente, la magistrada del Segundo Juzgado de Familia de Santiago, Jessica Arenas Paredes, quien es doctora en Derecho por la Universidad de Alcalá y Diplomada en Gerontología Social y autora del libro “Derechos de las Personas Mayores”. En su exposición profundizó en la aplicación del protocolo en los tribunales.

El Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas Mayores tiene como objeto entregar recomendaciones para abordar los casos que afectan a este grupo de la población, proporcionando reglas de actuación y mecanismos de tutela efectiva que aseguren una mayor protección de sus derechos en el acceso a la justicia, garantizando el principio de igualdad y de no discriminación en razón de la edad.